La CHS expedientó 425 desalobradoras ilegales y pozos desde 2017 con su plan de choque

Las desalobradoras ilegales no se circunscriben al Campo de Cartagena, aunque esta zona es la que concentra el mayor número de estas pequeñas desaladoras que a veces se ubican en los lugares más insospechados. La Guardia Civil, en colaboración con la CHS, destapó la semana pasada una red que utilizaba desalobradoras ilegales en el campo de Mazarrón, poniendo bajo investigación a tres personas por presuntos delitos contra los recursos naturales y de usurpación de aguas.

El informe del último año hidrológico elaborado por la Comisaría de Aguas refleja que, desde que hay datos disponibles sobre las actuaciones de investigación de las desalobradoras, a partir de 2017, se han abierto 425 expedientes como consecuencia de las 727 actuaciones realizadas hasta el momento en desalobradoras vinculadas a pozos. Dichos expedientes han acarreado 95 trámites de sanción.

En concreto, 202 desaladoras tuvieron que ser precintadas dos veces, mientras que los sondeos sellados alcanzaron la cifra de 142. Estas instalaciones se encuentran en las zonas 1 y 2 del Campo de Cartagena, las más afectadas por las restricciones recogidas en la ley de Protección del Mar Menor y por el Plan de Actuaciones Prioritarias del Ministerio. Los controles y actuaciones de la CHS, de la Consejería de Agricultura y de la Guardia Civil han corregido en gran parte las prácticas de los miles de agricultores y ganaderos de la cuenca vertiente del Mar Menor, ya sean propietarios o arrendatarios, que aplican los requisitos legales y las medidas cautelares para preservar los acuíferos. No obstante, se siguen detectando casos de incumplimiento. En el año hidrológico 2021-22, la Comisaría de Aguas realizó 55 inspecciones y abrió 50 expedientes contra desalobradoras (10) y pozos ilegales (37), que fueron precintados y sellados. Siete casos llevaron sanciones aparejadas.

La Confederación explica que, en los inicios del plan de choque para la detección de superficies sin derechos de riego, también se constituyó un grupo de agentes medioambientales que, conjuntamente con dos jefas técnicas, se ocupaban de la localización de desalobradoras y pozos ilegales en el entorno del Mar Menor, hasta conseguir el precinto de estas instalaciones o el sellado con material inerte en el caso de los sondeos.

Este primer chequeo no fue suficiente, según el organismo de cuenca, que destaca que, en las sucesivas inspecciones de las superficies de riego sin derechos y de los pozos ilegales, «se verificó que únicamente con el precinto de los tubos de salida de la desalobradora esta no quedaba inutilizada. Con el sistema de llaves y bomba de presión era relativamente sencillo puentear el precinto y mantener funcionando la desalobradora a horas intempestivas, noches o fines de semana, como se comprobó en varios casos. Es decir, eran desalobradoras precintadas pero que seguían funcionando sin romper el precinto», señala a LA VERDAD.

A partir de ese momento, los técnicos de la CHS aplicaron el segundo precinto, para obligar físicamente a cortar tanto los tubos de entrada como los de salida, además de precintar esos cierres de tuberías, el cuadro eléctrico y otros elementos, «para garantizar que no se puenteara el precinto y la desalobradora siguiera funcionando». El organismo de cuenca precisa que esta revisión se llevó a cabo en las desalobradoras que no habían sido previamente retiradas, desmontadas o desguazadas, aunque también hubo algunos casos de reincidentes.

Los datos de la Comisaría de Aguas alcanzan hasta septiembre pasado. El presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, Manuel Martínez, señala que «hace mucho tiempo» que no tienen conocimiento de nuevas irregularidades.