El exjefe jurídico de Fomento reconoce el amaño de informes y licencias para cerrar un pacto

Pérez Almansa -que está siendo defendido por el abogado José María Caballero- incidió, antes de su reconocimiento de hechos, en la situación en la que le colocó este procedimiento judicial y su repercusión mediática. «Me he sentido totalmente en situación de escarnio», recalcó. Incidió en su intención de dedicarse a la crianza de sus hijos y subrayó el fallecimiento de su madre, producido mientras se cursaba este caso. «Quiero terminar con esto como pueda y seguir con el juicio podría llevarme a una pena mucho superior», reflexionó.

De esta manera el alto funcionario ponía los cimientos de un principio de acuerdo con el fiscal Anticorrupción, Juan Pablo Lozano, y la acusación particular -que ejerce la compañía Astesa- por el que, apuntaron fuentes judiciales, acabará siendo condenado a una pena cercana a los cuatro años de cárcel -frente a los 27 que llegó a afrontar-. Una salida a este procedimiento que, sin embargo, incidieron las fuentes, le obligaría a entrar en prisión.

El pacto que el exjefe jurídico de Fomento tiene previsto cerrar con las acusaciones también implica su inhabilitación especial para empleo o cargo público durante unos años -aún por concretar-. Pérez Almansa explicó, no obstante, a los magistrados de la Audiencia que tiene previsto iniciar un procedimiento para pedir un indulto y reclamó que su cese como funcionario no se haga efectivo hasta que se decida si debe beneficiarse o no de esa medida de gracia. El magistrado Juan del Olmo le recalcó, sin embargo, que esa petición de indulto «no puede condicionarle a usted ni va a condicionarnos a nosotros».

El tribunal no ha hecho efectivo aún, no obstante, el acuerdo dado que la acusación particular está pendiente de decidir si quiere escuchar a algunos de los testigos. A este mismo pacto se sumaría otro acusado, L. M. M., a quien la Fiscalía señala como «intermediario» y que afrontaba hasta trece años de cárcel. El acuerdo, explicaron las fuentes, le obligaría a aceptar penas de más de tres años de cárcel.

El pacto continúa además en el aire a la espera de que ambos procesados consignen una cantidad (de unos 15.000 euros Pérez Almansa y de unos 20.000 euros el otro acusado) en concepto de responsabilidad civil. Las acusaciones abrirían la puerta, de esa forma, a una atenuante de reparación del daño que rebajaría en parte su condena. La Audiencia Provincial ha citado a las partes a una nueva vista el próximo 7 de marzo para concretar los términos del acuerdo.