Pasqual del Riquelme: «Existe un abuso político de las querellas solo para usarlas como arma arrojadiza»

-¿Qué diagnóstico hace de la Justicia? ¿Podríamos decir que goza de una mala salud de hierro?

-Eso daría para varios días. Yo creo que la Justicia ha ganado en los últimos años en el reconocimiento de su importancia, de que es una pieza relevante del sistema democrático y para una convivencia razonable. Se ha hecho un esfuerzo y además se ha tenido la oportunidad, que no siempre ocurre. Así lo siento, aunque no sé si es algo que logramos trasladar. Nuestra justicia es mejor de lo que solemos pensar. Estamos en una época de muchas visitas de profesionales de otros países y no tenemos nada que envidiarles. Absolutamente nada. Estamos en los mejores estándares europeos. Dicho eso...

-Exacto, hábleme de los males.

-La simplificación siempre implica un error. Pero podemos decir que el problema de la justicia española, que además se agrava en Murcia, pasa por varias cuestiones. Una es que tenemos una litigiosidad galopante. Y además España está entre los países europeos con menos jueces. A pesar de esta combinación terrible de factores, cuando comparamos los tiempos de respuesta, pues no estamos tan mal. Estamos francamente peor que todos los países del área nórdica, peor que Francia y Alemania, igual que Bélgica, Irlanda y Holanda, y sensiblemente mejor en tiempos de respuesta que los países con los que habitualmente se nos compara, como Portugal, Italia y Grecia. Pues en Murcia pasa lo mismo que en toda España, pero más todavía: estamos entre quienes más litigiosidad soportamos, tenemos menos jueces -uno menos por cada 100.000 habitantes- y por eso el tiempo de respuesta, o el atasco, es mayor.

-Esta semana, el TSJ ha presentado un estudio junto al Consejo Económico y Social (CES) en el que se advierte de los elevadísimos costes económicos que esta situación supone para la sociedad. Las cifras son tremendas. ¿No es suicida, en tales circunstancias, que no se dote a la Justicia de los medios que requiere?

-Sin duda. Es suicida para la sociedad, pero más suicida todavía es no ser consciente de lo que ocurre. Y esa es la estrategia en la que estamos inmersos desde hace cinco años, que es la de aflorar la existencia de este problema. La Justicia, lo he dicho ochenta millones de veces, es mucho más que un problema económico: forma parte del estado del bienestar, es básica en el funcionamiento del sistema democrático, es un presupuesto de la cohesión social..., pero también es un problema económico relevante. Y las sociedades que no lo quieran reconocer van a tener que pagar la factura.

-Resulta un poco triste que se haya tenido que traducir todo eso a términos económicos para que los responsables de gestionar el bien común hayan empezado a tomar conciencia.

-Lo triste sería no aflorar esta cuestión. Hasta ahora teníamos intuiciones sobre el precio de esa factura, y ahora empezamos a tener datos, porque ni siquiera existían en el ámbito regional. Y es bonito que dos instituciones como el TSJ y el CES estén colaborando en ese objetivo. Con esto queremos provocar una conciencia entre sindicatos, comerciantes, agentes económicos... que así nos acompañan en esas reivindicaciones que, con un tremendo grado de frustración, llevamos cada año a Madrid para volvernos casi siempre con las manos vacías. Armar una conciencia regional y alcanzar un Pacto por la Justicia, que es la segunda parte de la estrategia, nunca sobra.

-¿No teme que el Pacto por la Justicia acabe siendo papel mojado, una mera declaración de intenciones? Al final, el dinero lo gestionan otros.

-Sin duda. Pero en el supuesto de que aquí nos pongamos de acuerdo y no primen los intereses políticos o partidarios, pues no nos va a solucionar el problema pero puede ayudar. Que exista la sensación de que hay una necesidad viva puede contribuir en ese momento político en el que muchas veces la moneda cae de un lado o del otro. No sabemos a dónde nos lleva este escenario, pero sí sabemos a dónde nos lleva la inactividad y la no reivindicación.

-¿Cuántas esperanzas tiene depositadas en la mediación? Me consta que es un convencido defensor de esa figura.

-Muchas esperanzas, por muchas razones. Me puedo poner muy pesado con esto, porque es un asunto muy bonito. Somos una sociedad muy conflictiva, y durante mucho tiempo eso lo hemos visto como algo negativo. Somos conflictivos, luego somos malos. En absoluto. El conflicto es un indicador de sociedades sanas, vivas, democráticas, plurales, multirraciales... El conflicto no es una patología; lo que sí lo es...

-...es que no seamos capaces de negociar.

-Y que todo lo acabemos judicializándolo. No tenemos más conflictos que nadie, pero nos faltan mecanismos intermedios para solucionarlos. Wittgenstein decía que detrás de cada conflicto hay un problema de comunicación. Por ahí vamos. Hace mucho tiempo que perdimos la conversación. Solo emitimos mensajes unidireccionales, porque la conversación está cortocircuitada en todos los niveles. A la hora de resolver un conflicto no hay que ver una crisis, sino una oportunidad de crecer, de evolucionar, de avanzar, de superar el pasado... Llevado esto al terreno de la justicia, tenemos que recordar que desde pequeños, ante cualquier problema, decimos: «Si no haces esto..., a papá». O al profesor, o a la Policía...

-Y acabamos con «le voy a meter una querella que se va a...».

-Esa es la frase. No se nos ocurre otra cosa. Es lo primero que se nos viene a la cabeza; una especie de tic que además no responde a nuestra manera tradicional de resolver los conflictos. Aquí está vivo el Consejo de Hombres Buenos, del siglo IX, que es una de las instituciones más antiguas de Europa y del mundo. Creo que solo la Iglesia católica es más antigua. ¡Y no le hemos puesto ni una calle! Ese es el espíritu que tenemos que recuperar, sin ingenuidades. Aterrizando de nuevo sobre la pregunta que me planteaba: no hay sistema judicial en el mundo que sea capaz de resolver todos los conflictos que genera una sociedad. Y aunque se pudiera, no es sano.

-Hay que buscar otras vías.

-Abusamos de la Justicia. Y además hay vías de judicialización absolutamente artificiosas y perversas. Miremos lo que está pasando con los bancos y las cláusulas suelo, donde hay 12.500 asuntos ingresados en esta región sobre esa materia. Esa litigiosidad pudo tener su sentido al principio, pero hoy el marco jurisprudencial está bastante claro. Y sin embargo, la litigiosidad sigue ahí.

-Es que no hay interés en resolverlo. Para un banco es más rentable un pleito abierto en el juzgado que decidirse a devolver el dinero a los clientes.

-Es más rentable. Y eso, entre otros problemas, provoca que tengamos siete jueces en Primera Instancia y cinco en la Audiencia trabajando solo en las cláusulas suelo. Y sin embargo solo podemos tener cinco jueces especializados en Familia, donde vamos ahogados. Pero hay más. ¿Qué pasa con el abuso de la acción popular por parte de las propias fuerzas políticas, con el abuso de las denuncias y querellas para utilizarlas como arma arrojadiza y cuya duración se reduce al titular del día siguiente en el periódico...? Y lo mismo con la existencia de asociaciones y profesionales que han hecho de la denuncia y la personación como acusación popular una forma de promoción personal; adalides de la Justicia que bombardean sistemáticamente al sistema como si por sí misma no fuera capaz de actuar. Toda esa litigiosidad impostada, sumada a la ya existente, provoca desatención a los problemas que de verdad interesan a los ciudadanos. Hay que cambiar la cultura y trabajar en la mediación judicial y extrajudicial.

-Hay otra 'mediación', aunque formalmente no se pueda considerar así, que es la que se produce en las propias salas de vista, entre los fiscales y las defensas, que hace que cada vez se cierren más asuntos por sentencia de conformidad. No sé si esto le satisface. Porque tantos casos cerrados por acuerdo pueden dar la sensación, por muy crudo que resulte decirlo, de que hay pocas ganas de trabajar. Y, por otro lado, muchas veces surgen problemas con las víctimas del delito, pues de pronto estas se enteran de que se ha alcanzado un acuerdo, por el que nadie les ha preguntado, y que alguien acusado de un delito grave se va a su casa con dos años de prisión, que ni siquiera tiene que cumplir. ¿Lo ve así?

-No, no lo veo así. Todos los sistemas están reorientando una justicia penal que ha sido puramente reactiva, con el castigo como prioridad, hacia una justicia más consensuada que busca más solucionar el conflicto. Esa es una buena idea. El marco ideológico de la conformidad es perfecto, pero es cierto que pueden producirse perversiones o alteraciones y dar esa impresión, porque el acuerdo se produce en 'mercados' que se han desequilibrado. Y eso pasa cuando la justicia no es capaz de presentar los cargos contra una persona en seis meses, y como ha tardado seis años, pues va de suyo que se le rebaje sustancialmente la pena. Y ahí es donde empiezan a producirse malas percepciones y distorsiones. El problema no está en la idea. El modelo es perfecto. Pero es verdad que el mecanismo quizás tendría que ser más sosegado, porque no es el mejor escenario lo de hacerlo dos minutos antes del juicio, y habría que incorporar a la víctima a esas negociaciones en la medida de lo posible, asegurar el pago de las responsabilidades civiles... Pero lo que no entiendo es que a nadie se le quieran imputar ganas de no trabajar.

-Bueno, a nadie le viene mal ahorrarse un juicio de una semana y cuarenta testigos si le dan la sentencia ya hecha...

-Podría ser si la alternativa fuera la playa (sonríe), pero es que la alternativa es que pase el siguiente.

-¿Qué cara se le queda cuando unas diligencias se ven castradas, malogradas, por la simple superación de los plazos legales?

-Se me queda la misma cara que a usted y que al resto de ciudadanos, al juez, al fiscal... Es un fallo del sistema, claramente lo es, y estaba anunciado. La ley es de diciembre de 2015 y ya en enero el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dijo que esto, en una justicia penal tan sobrecargada y con un modelo tan garantista, apuntaba mal. Fue una mala idea...

-O una idea demasiado buena...

-O una idea con mala intención, sí, porque todos los avisos estaban dados. Y efectivamente ha pasado lo que nos temíamos. Porque lo malo no es poner plazos a la instrucción, sino cómo los han puesto. El plazo de seis meses, que parece que es prorrogable en todos los casos, solo lo es en circunstancias muy concretas y especiales. Y, por lo tanto, el 98,5% de los casos se tiene que instruir en seis meses. En esas circunstancias, en un sistema tan estresado, se producen fallos. La prórroga tiene que ser posible, solicitarla el fiscal, ser recibida por la Oficina Judicial y tiene que ser trasladada al juez. Si hay un error todos esos procesos de recepción y traslado, ya tenemos un problema. Esa cadena, que tiene que estar perfectamente aceitada en un sistema sobrecargado, determina esos fallos sistémicos. A veces son fallos absurdos, otras veces seguramente evitables, pero son fallos anticipados, porque sabíamos que se iban a producir.

-De acuerdo, pero no seamos excesivamente condescendientes. Hay situaciones en las que no sé si cabría hablar de negligencia inexcusable. Porque, ¿cuántas causas complejas de supuesta corrupción pueden llegar en un año a un juzgado como los de Caravaca de la Cruz? Una o ninguna. Que eso ocurra y que durante meses, o años, no se adopte una sola decisión, que el juez se olvide de que esas diligencias existen, parece ir bastante más allá de un fallo sistémico. Es como si alguien tiene una cuadra de caballos y se olvida de que tiene que alimentar a su semental. Y un día, por casualidad, se da cuenta de que se le ha muerto. No es de recibo.

-Estoy de acuerdo en que se han producido esos fallos. Y son fallos que se han analizado por la Sala de Gobierno, que hizo una serie de inspecciones y de visitas, que ha analizado la documentación... El asunto es mucho más complejo...

-Bueno, estamos hablando del juez, que es el jefe, el máximo responsable de ese órgano.

-Es que no es el jefe. Es responsable de su ámbito, que es de todo aquello de lo que le da cuenta la Oficina Judicial, que tiene una serie de funcionarios y está organizada bajo la dirección de un secretario judicial, el actual letrado de la Administración de Justicia. Y en determinadas cuestiones también interviene la Fiscalía. Y no todo fallo, no todo incumplimiento de plazo, es susceptible de expediente disciplinario. Hay que valorar todas las circunstancias. Además, estamos pendientes de que el Tribunal Supremo fije la doctrina definitiva sobre la interpretación de esos plazos.

-¿En cuántos casos concretos se ha visto base para abrir un expediente a un juez en la Región?

-Puedo decirle que en el año 2018, para un colectivo de 5.500 jueces se siguieron actuaciones disciplinarias contra 58. Si lo ponemos en comparación con otros colectivos, como el de los médicos, con 176.800 facultativos, esto es, 32 veces más, se abrieron 268 actuaciones disciplinarias; o sea, solo cuatro veces más. Para el cuerpo de Registradores, que son 1.100, solo nueve actuaciones. Y en los fiscales, que son 2.500, solo 5. Quiero decir con esto que los jueces tenemos uno de los sistemas de inspección más estrictos.

-Ya, pero en Murcia, ¿cuántos?

-En este momento, dos, para 159 jueces y magistrados. En absoluto se puede hablar de corporativismo o dejación.

-¿No piensa que existe un problema de cierta falta de vocación en muchos jueces? Me explico. Parece que cuando les llega un asunto especialmente complejo, que debería significar un auténtico reto profesional por lo que esconde, por la cualificación de los letrados, por su repercusión social, por su dificultad técnica... da la sensación de que se asume como un incordio. Y que están empeñados en quitárselo de encima. ¿Se lo ha planteado?

-Es que no lo percibo así. Habla de falta de vocación en unas personas que emplean cinco o seis años para aprobar una de las oposiciones más duras, que entran a la Judicatura con unos 29 o 30 años para ganar unos 2.500 euros en su primer destino y acabar ganando unos 4.500 euros...

-Bueno, pero eso vale para los opositores de muchas otras disciplinas y no garantiza que por ello tengan una gran vocación...

-Pero es que encima desarrollan toda su carrera en una de las profesiones más estresantes que hay. Dicho eso, discuto que los jueces hagan lo posible por quitarse el asunto de encima. Cuando discuten, lo hacen para garantizar el derecho al juez predeterminado por la ley, que se fija sobre todo a través de unas normas de reparto. Y es algo complejísimo.

-Vale, pero eso mismo valdría para que un juez reclamara una causa como propia, y yo en treinta años no lo he visto.

-Pues lo hay. Por ejemplo, el juez de Instrucción 2 de Murcia pidió ese destino a conciencia de que estaba allí la causa por la contaminación del Mar Menor.

-Bueno, bien, pero sigue sin ser lo mismo. Lo que digo es que nunca he visto a dos jueces echando mano de las normas de reparto y discutiendo entre ellos para quedarse un asunto.

-Pues será porque hay cuestiones que no trascienden. Naturalmente que hay quien reclama unas actuaciones; con perfecta habitualidad. En absoluto nadie quiere quitarse los asuntos de encima.

-¿Qué le parece que la exministra de Justicia, Dolores Delgado, esté al frente de la Fiscalía?

-No puedo pronunciarme, porque a ese respecto ya se ha manifestado el Consejo General del Poder Judicial.

-Pero en este caso no va a discrepar de la posición del Consejo.

-No me voy a manifestar por las razones ya expresadas (ríe).

-¿Le duele la Justicia?

-Los jueces tenemos un punto vocacional, porque no es un trabajo fácil. Nos da mala vida y las familias lo sufren. Creo que hay razones para que los ciudadanos estén orgullosos de sus jueces. Pero claro que nos duele. Nos duelen los fallos y los problemas. Mucho.