Exigen a Educación los informes sobre la devolución de pagas a interinos

El Consejo de la Transparencia ha dictaminado en un informe que la Consejería de Educación vulneró el derecho de la Asociación de Interinos Docentes de la Región de Murcia (Aidmur) al acceso a información pública.

El origen está en el acuerdo que la Consejería y las organizaciones sindicales firmaron –sin la aprobación de esta asociación– para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo por la que se reconocía la devolución de pagas de verano a los docentes, estableciendo un polémico calendario de pagos «que aún hoy se sigue incumpliendo», según Aidmur.

A raíz de dicho acuerdo, que según la entonces consejera Adela Martínez-Cachá contaba con el aval correspondiente de los servicios jurídicos y económicos de la Consejería de Educación, Aidmur solicitó el acceso a toda la documentación. «Sin embargo, la Consejería nunca atendió nuestra legítima petición, haciendo caso omiso a nuestras reiteradas solicitudes», señala la asociación.

El Consejo de la Transparencia estimó la reclamación del sindicato y dio un nuevo plazo para hacer entrega de la documentación solicitada. El pasado 30 de julio volvió a instar a la Consejería de Educación a que cumpla con su deber de dar acceso a la información y a que «ponga en marcha procedimientos administrativos respetuosos y en consonancia con la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de la Región de Murcia». Esto supone, en opinión de Aidmur, «un duro correctivo a la forma de proceder de la Consejería». Los interinos se muestran convencidos de que Martínez-Cachá, «con el silencio cómplice de Esperanza Moreno, actual consejera», mintió cuando afirmó que dichos informes existían y que el acuerdo firmado con los sindicatos para hacer efectiva la devolución de las pagas de verano contaba con los avales jurídicos y económicos correspondientes.

Es decir, «Educación firmó un acuerdo por valor de más de 40 millones de euros, que afecta a miles de docentes, sin que exista un solo informe que avale dicha actuación», asegura Aidmur. Igualmente y según la asociación, «tampoco existe un expediente administrativo que haya registrado toda la documentación relacionada, incluidas las actas de la reunión con los sindicatos, ni estudios jurídicos sobre legitimación ni viabilidad económica algunos. Por todo ello, Aidmur va a estudiar «si concurren responsabilidades legales, administrativas o penales, a consecuencia de esta situación que, incluso, compromete la legalidad de un acuerdo que se realizó sin contar con la parte que ganó el asunto en el Tribunal Supremo y que no cuentan con informes que lo avalen».