El exdueño de Trampolín afronta otros seis años de cárcel por otra supuesta estafa inmobiliaria

El nuevo juicio que obligará a Martínez a sentarse en el banquillo remite a hechos ocurridos entre los meses de abril y mayo de 2017. Martínez, que ya arrastra varias condenas a sus espaldas, contactó con el propietario de una vivienda de la zona del Valle del Sol, en Gea y Truyols, presentándose como promotor. El sospechoso, explica el fiscal en su escrito de conclusiones provisionales, era conocedor de los problemas que tenían los vecinos de ese enclave para regularizar esas casas ante el Ayuntamiento de Murcia. Unos problemas, relata el Ministerio Público, que se remontaban a 2007 cuando la compraron a una promotora sin percatarse de la construcción en las parcelas sin división horizontal, la inexistencia de escritura de segregación y la falta de inscripción en el Registro de la Propiedad de los titulares de los domicilios.

El sospechoso presuntamente se ofreció a gestionar esa ansiada regularización alardeando de contar con el asesoramiento técnico de un arquitecto y de otros contactos para lograrlo. El fiscal sostiene, sin embargo, que desvió en su propio beneficio las entregas a cuenta que les iba demandando a los vecinos para costear los gastos de esa regularización y su propio trabajo. Así, entre mayo y agosto de 2017, uno de los afectados le entregó 7.050 euros y otro -entre mayo de 2017 y agosto de 2019- abonó hasta 69.500 euros, sin que éste supuestamente realizase ninguna labor a favor de ellos en la Gerencia de Urbanismo de Murcia.

La Fiscalía sostiene que Martínez «con el fin de acrecentar el interés de sus clientes, favoreciendo y prolongando el flujo económico que perseguía, les persuadió mendazmente de haber contactado con personas interesadas en la compra de parcelas de su propiedad». De esta manera, supuestamente les transmitió «ofertas suficientemente atractivas» y se atribuyó «negociaciones finalmente inconclusas». Por este concepto los afectados le entregaron 20.000 y 43.050 euros.

El Ministerio Público considera que el acusado es autor de un presunto delito continuado de estafa -con la agravante de reincidencia- por el que pide que se le impongan doce años de prisión. Además reclama que indemnice a los afectados en 27.050 y 112.550 euros por los perjuicios sufridos.