Un estudio cifra en 590 millones las pérdidas por los trasvases recortados

Una jornada a favor del acueducto concluye que hay motivos jurídicos para rechazar el incremento de los caudales del Tajo ante el Tribunal Supremo

Manuel Buitrago

Miércoles, 9 de noviembre 2022, 02:32 | Actualizado 08:12h.

El director de la Cátedra del Agua de la Universidad de Alicante, Joaquín Melgarejo, cifró ayer en 590,8 millones de euros las pérdidas económicas ocasionadas en los últimos cuatro años por la reducción de los trasvases para el regadío del Levante. En una jornada organizada en Rojales por Riegos de Levante Margen Derecha, el Scrats y la Diputación de Alicante, sobre la valoración socioeconómica y patrimonial del Trasvase, Melgarejo señaló que desde la toma de posesión de la ministra Teresa Ribera, en junio de 2018, «se ha producido de forma arbitraria» una merma de 147,3 hectómetros en los envíos al Segura. Recalcó que la decisión ministerial se hizo en contra de las recomendaciones técnicas de la Comisión de Explotación del acueducto, cuando las reservas de la cabecera del Tajo estaban en el Nivel 3, en el que la última palabra la tiene el Ministerio. «Cada hectómetro que se deja de trasvasar tiene un impacto económico de 4 millones de euros y una repercusión negativa sobre el empleo de 86,3», manifestó.

Recurso judicial

Andrés Molina Giménez, director del Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante, consideró que si el Plan del Tajo se aprueba con un aumento del 40% de los caudales ecológicos, «resultará inevitable la presentación de un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo». A su juicio, «los principales motivos de nulidad» serían las insuficiencias en el proceso participativo. «Las alegaciones presentadas por entidades e instituciones públicas alicantinas y murcianas recibieron una contestación meramente formal, sin analizar y contestar a los contenidos presentados». También alude a la ausencia de concertación con el sector.

Asimismo, observa «arbitrariedad en la fijación de los caudales ecológicos». «Se han utilizado métodos técnicos no debidamente justificados. Existen estudios alternativos que demuestran la incorrección de los datos que maneja la Administración. Se observa además falta de motivación en la justificación técnica de los caudales ecológicos, y no se han tenido en cuenta principios constitucionales como la proporcionalidad, la seguridad jurídica o la confianza legítima». Consideró que estos perjuicios «no pueden ser compensados con la aportación de agua de otra procedencia, toda vez que los costes del agua desalada o regenerada son muy superiores a los del ATS, por lo que el perjuicio patrimonial es evidente», manifestó.

Alberto del Villar García, del Departamento Economía y Dirección de Empresa de la Universidad de Alcalá de Henares, cifró los beneficios del Trasvase, directos e indirectos, en 4.800 millones del euros anuales y casi 100.000 empleos.