El TSJ estudia archivar el recurso contra el 'pin parental' porque el curso ha acabado

La vida judicial del polémico veto parental impuesto por Vox, que obligaba a todos los alumnos murcianos a llevar la autorización expresa de sus padres para participar en las charlas –obligatorias y evaluables– impartidas por personal ajeno al centro educativo, está más próxima a su final. No así el mantenimiento del llamado 'pin' en las aulas, ya que Educación no descarta aprobar el decreto –que dejó aparcado– con el que pretendía consolidarlo normativamente y darle permanencia, aunque rebajando las exigencias de la autorización, después de la sentencia.

El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia se ha dirigido a las partes personadas en la causa contra el 'pin parental' tras el recurso presentado por el Ministerio de Educación contra la norma para que digan si consideran que el veto, que fue suspendido cautelarmente por el mismo tribunal, ha perdido su objeto al haber finalizado el curso escolar. Las instrucciones que introducían el permiso paterno se referían en exclusiva al curso que acaba de terminar, ya que fueron encajadas a última hora, en septiembre, por exigencia de Vox como condición para dar su apoyo a la investidura del presidente de la Comunidad.

Esa fecha de caducidad ha llevado a la Sala a plantear que las instrucciones de la Consejería de Educación que fueron recurridas por el Ministerio el pasado febrero limitaban su vigencia al curso recién acabado. Por ello ha pedido a las partes que en el plazo de cinco días presenten sus alegaciones respecto a si estiman que el objeto del recurso ha decaído.

El Ministerio recurrió las instrucciones que introducían el veto en febrero, después de dar un plazo a la Consejería de Educación para que lo retirara que el Gobierno regional dejó expirar. El TSJ acordó en marzo, como medida cautelar, dejar en suspenso la aplicación de las instrucciones, por considerar que esa decisión no suponía un perjuicio para los padres ni para su libertad de decisión, como alegó el Gobierno regional; pero que, en cambio, mantener el veto sí podría afectar a los estudiantes que no asistieran a actividades complementarias, a quienes perjudicaría en su proceso formativo. El Ministerio argumentó en su recurso que el veto «lamina el carácter obligatorio de las actividades complementarias» y entraba en confrontación con la normativa.

La Consejería de Educación no quiso este viernes dar su opinión sobre la providencia, como tampoco descartó seguir adelante con el decreto que redactó el pasado enero, que pretendía dotar de permanencia al veto y matizaba que las charlas impartidas por funcionarios no serían consultadas a los padres ni podrían ser objeto de 'pin parental'. También introducía el silencio positivo, lo que significa que solo los alumnos que llevaran la negativa expresa de sus padres quedarían fuera.