La espera para tramitar un despido en los juzgados se triplica en una década

La estadística que el Poder Judicial ha hecho pública recientemente analiza los tiempos de respuesta por procedimientos que se han dado en la última década y pone de relieve que la tardanza media para resolver un despido en la Comunidad es bastante más elevada que a nivel nacional, donde roza los 7,3 meses. Es más, los murcianos son, después de los andaluces y los baleares, los españoles que más deben armarse de paciencia en este sentido.

El retraso que la justicia murciana arrastra y que la sitúa tradicionalmente entre las más lentas del país ha repuntado en los dos años de crisis sanitaria y ya alcanza la cifra más elevada de la última década. El confinamiento y la paralización de la actividad judicial durante meses impactaron duramente en los juzgados, atenazados por años y años de elevada litigiosidad y pocos medios.

En la jurisdicción social, los magistrados en general tardan una media de 12,7 meses en alumbrar una primera respuesta, conforme a los datos del CGPJ. A nivel nacional la espera ronda los 11,2 meses. La demora, sin embargo, varía mucho en función del caso que haya llevado al ciudadano ante los tribunales. En los conflictos colectivos, por ejemplo, la dilación media en la Comunidad es de 10,1 meses, casi cuatro más que hace una década. La media nacional se sitúa en 7,1. Las reclamaciones de cantidad –para exigir el pago de una deuda–, por ejemplo, se hacen esperar 14,5 meses. En estos procedimientos la tardanza en los órganos de Murcia es igual que en el resto del país e incluso ha mejorado ligeramente en la última década.

La estadística del Poder Judicial también pone encima de la mesa el problema que asola desde hace años a la jurisdicción civil. Estos órganos llevan tiempo pidiendo a gritos una solución y, año tras año, su situación no hace más que empeorar. En 2021 volvieron a repetir como los más lentos del país. Los asuntos, en general, se despachan en una media de 11,3 meses frente a la media nacional que apenas sobrepasa los 8 meses. Una realidad especialmente preocupante en una jurisdicción crucial que dirime desahucios, daños y perjuicios ocasionados por accidentes de tráfico, pero también tramita separaciones y divorcios, establecimiento de pensiones de alimentos para los hijos... Los abogados de Familia ya elevaron la voz hace años alertando de que en la Comunidad las demandas de medidas provisionales para regular la situación de una familia tras un divorcio ya se hacían esperar más de un año.

Los datos del CGPJ revelan que el año pasado la espera media para que un juez modificase estas medidas –en casos no consensuados– tardó una media de 14,7 meses. Estas medidas suelen contemplar cambios en las pensiones de alimentos, en los regímenes de visitas o en el uso del domicilio familiar, entre otros. La demora es la segunda más elevada del país y supone un importante aumento respecto a los tiempos que se manejaban hace una década (11,3 meses). La dilación es también superior en tres meses a la media nacional.

Afrontar un divorcio no consensuado requiere también armarse de paciencia en la Región. Hasta 13,3 meses se hace esperar ya una primera sentencia ante la ruptura de una pareja, según los datos del CGPJ. La espera, la tercera más dilatada del país, ha aumentado progresivamente en los últimos años. Hace una década era de 11,5 meses. A nivel nacional, los juzgados no han rebasado aún la barrera del año de espera (11,2 meses). Una línea roja que en Murcia se atravesó hace ya tiempo.