Error de cálculo en el PSRM

Pero el 29 de marzo, el secretario de Organización, Jordi Arce, toma una decisión, respaldada por la ejecutiva regional socialista que dirige Diego Conesa, que ha vuelto a agitar las aguas del PSRM y que está teniendo unas consecuencias muy distintas a las buscadas por la cúpula socialista. Se trata de la apertura de un expediente disciplinario al exdiputado y secretario general de la poderosa agrupación Murcia Este, Emilio Ivars, por un presunto acceso indebido al correo electrónico de la Secretaría de Organización y la filtración a la prensa de documentos internos.

La sorpresa inicial y general causada por la noticia dio posteriormente paso a la búsqueda de razones de una iniciativa que, en principio, parece estar basada en pruebas poco consistentes y que no tiene precedentes en el partido, cuya historia está llena de cicatrices por cruentas peleas internas libradas a base de filtraciones y del cruce de denuncias –Carlos Collado podría hablar largo y tendido–.

Numerosos elementos refuerzan la explicación, compartida por muchos en el PSRM, de que se trata de una operación política para quitarse de en medio a un posible rival en el próximo congreso regional y al mismo tiempo debilitar a una importante agrupación en la que podría germinar una corriente crítica.

De momento, Arce ha logrado sus objetivos, puesto que ha anulado cualquier actuación de Ivars dentro del partido al conseguir que Ferraz le suspenda de militancia, lo que lleva aparejado, además, su cese como secretario general de Murcia Este, con lo que descabeza una agrupación potencialmente molesta.

Murcia Este, la organización con más militancia del municipio, está presidida por el anterior secretario general del PSRM, Rafael González Tovar, y es a la que pertenece su hija María González Veracruz, quien se enfrentó a Conesa por la secretaría general en la última cita congresual.

En el murciano barrio de Vistalegre, donde se ubica la sede de esta agrupación, los ánimos están calientes. Aprobaron una primera resolución muy crítica con la ejecutiva regional y el viernes celebraron una asamblea en la que desafiaron la autoridad de Diego Conesa y Arce al nombrar a María José Abenza como nueva secretaria general para sustituir provisionalmente a Ivars, cuando lo habitual en estos casos es que la dirección regional nombre una gestora. En Murcia Este temen, además, que se dilate premeditadamente lo más posible la resolución del expediente para así mantener desactivada a esta organización.

Estos días hay quien ha expuesto también que el expediente podría tener una motivación personal, dadas las malas relaciones entre Arce e Ivars. Da la impresión de que al dirigente de Murcia Este se la tenían jurada en la ejecutiva regional desde hace tiempo. Un comentario suyo en el que se mostraba comprensivo con el pacto PSRM-PP-Cs alcanzado en Cartagena, que provocó la expulsión del grupo municipal socialista del partido, ya estuvo a punto de costarle un expediente disciplinario.

Pero hay un objetivo encubierto más que subyace en esta operación: imponer un férreo control de la información del PSRM. La dirección de Princesa sufre una infundada manía persecutoria que atribuye a algunos medios de comunicación, lo que le ha llevado a dividirlos entre los que son «amigos» y «nos ayudan» y los que no. Algunas informaciones, como las referidas al sueldo que Arce cobra del partido y, sobre todo, al discurso de Conesa en el Comité Regional del 6 de marzo, en el que pidió, según publicó LA VERDAD, «estirar el chicle de la corrupción» contra el PP y también «tener un güiño con los medios amigos», han causado un hondo disgusto en la dirección del PSRM, que se ha propuesto acabar con estas fugas de información, cuando lo que debería hacer es evitar dar pie a informaciones que puedan perjudicarle. La expulsión de Ivars, que están convencidos de conseguir, serviría como escarnio ejemplar y público para futuros filtradores.

Todo ello ha dado pie a que en los últimos diez días es probable que se hayan oído más voces críticas contra la ejecutiva del PSRM que en los más de tres años que lleva de mandato, y a que incluso se haya planteado la articulación de una candidatura para disputarle a Conesa la secretaría general en el congreso de otoño.

Llama la atención, además, que los que pretenden echar del partido a Ivars por acceder presuntamente a documentos internos sin estar autorizado a ello y facilitar alguno a la prensa estén imputados en distintas causas judiciales, lo que en otras épocas no muy lejanas habría puesto en peligro su continuidad. Y también que se estén incumpliendo relevantes preceptos tanto de los estatutos del PSRM, como la obligada rendición de cuentas de los representantes del partido en la ejecutiva y el comité federales, y del Código Ético del PSOE, como la publicación cada año de los presupuestos de la organización, sin que nadie en la dirección haya decidido abrir expediente alguno.

Arce asegura que no hay más motivación en el procedimiento disciplinario contra Ivars que los cargos que se exponen en el informe, de los que asegura tener pruebas concluyentes. «El que la federal haya decidido su suspensión cautelar demuestra que han visto indicios más que suficientes» de lo que se le acusa, agrega, al tiempo que niega que exista «un ataque premeditado contra la agrupación» de Murcia Este.

«Los hechos son muy graves y el procedimiento que se ha incoado es como el que se le habría abierto a cualquier otro militante», señala el secretario de Organización, quien no cree que este asunto dé lugar al resurgimiento de un sector crítico en el partido.