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La entrada de Vox en la Consejería de Fomento destaca como elemento clave del pacto de gobierno con el PP porque, a través del ... nuevo titular de esa cartera (cuyo nombre no ha trascendido) y de su equipo, los de Abascal tendrán capacidad de decisión y de influencia política en un aspecto básico de la gestión del Mar Menor. Se trata de la nueva ordenación de usos y actividades en el entorno de la laguna, que incluye el urbanismo, la agricultura y la ganadería en el Campo de Cartagena, sectores económicos fundamentales en el principal granero electoral de Vox.
Esa regulación se plasmará en el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor. El borrador pasó en agosto desde la Consejería de Fomento a la Consejería de Medio Ambiente, cuya gestión política retiene el PP y que, en la actualidad, incluye además las competencias de Agricultura, Ganadería y Agua. Según fuentes del ejecutivo de Fernando López Miras, como es habitual en este tipo de procedimientos la fase de evaluación ambiental del plan «llevará tiempo». Y eso, aseguran, deja por ahora sin capacidad de maniobra a Vox.
En todo caso, fuentes autonómicas de toda solvencia advirtieron de que la tramitación ambiental del Plan es «paralela» a la urbanística, que depende de Fomento. Esta última Consejería, explicaron, «es la encargada de redactar y tramitar urbanísticamente el documento y Medio Ambiente, la de hacer la tramitación ambiental. Y las observaciones que haga Medio Ambiente se incorporarán al documento».
Además, hay que tener en cuenta que Vox formará parte del Consejo de Gobierno. Lo hará a través del titular de Fomento y del futuro consejero de Seguridad, Interior y Emergencias, José Ángel Antelo, presidente provincial de Vox y quien además será vicepresidente de la Comunidad. Su formación puede, también, puede jugar la baza de la Asamblea Regional, donde acaba de forzar la derogación del decreto ley de prórroga de la moratoria urbanística en la laguna. La norma fue aprobada por el gabinete de Miras el 3 de agosto.
Existe, eso sí, un contrapeso a la orientación ideológica que pueda imprimir Vox, partido contrario a cualquier prohibición o restricción de usos. Se trata de que el Plan de Ordenación incluye consultas a los cuatro ayuntamientos ribereños, tres de ellos en manos del PP y uno en las del PSOE; al Gobierno central, por ahora con socialistas y Podemos al frente; y a organizaciones ecologistas.
La trascendencia de este documento, que el ejecutivo no ha aprobado en los tres años marcados en la Ley de protección y recuperación del Mar Menor, se evidenció el mismo día del anuncio del acuerdo de coalición para evitar la repetición electoral. El viernes, la Diputación Permanente de la Asamblea Regional dejó sin efecto el decreto ley del Gobierno que prorrogaba la moratoria urbanística a nuevos desarrollos. Cayó así la barrera legal frente al ladrillo levantada en 2020 por el parlamento, a la espera del Plan de Ordenación.
La derecha radical exhibió, así, ya su poder en materia de Fomento. Y despejó el camino a los promotores para solicitar licencias urbanísticas a los ayuntamientos.
Pero el frente para el PP es doble. El grupo liderado por José Ángel Antelo aprovechó su viento de cola para exigir, de nuevo, en la Asamblea «la modificación urgente» de la ley de protección de la laguna. Pretende eliminar toda «prohibición» de actividades, para no «criminalizar a promotores, agricultores y ganaderos» por el deterioro ambiental del Mar Menor. El PP y López Miras han insistido en que una «línea roja» era «no dar ni un paso atrás» en la preservación del Mar Menor. Este sábado, ni PP ni Vox rechazaron aclarar si su pacto programático, del que tampoco informaron, incluye tocar la ley y en qué sentido.
El borrador del Plan de Ordenación insta a reducir las presiones sobre el Mar Menor, reorientando el modelo agrícola hacia prácticas sostenibles y reduciendo el «enorme crecimiento» urbanístico previsto por los diez ayuntamientos de la cuenca. Los municipios, que prevén construir 111.400 viviendas y aumentar la cifra actual en un 62,89%, deberán revisar sus planeamientos. Y en ese trámite también intervendrá Fomento.
Entre tanto, con el fin de la moratoria (rechazada también por PSOE y Podemos al entender que permitía más construcciones), la pelota pasa a los consistorios. Deberán tramitar las peticiones de licencia y decidir, sobre la base de sus planeamientos, si autorizan, y en qué grado, proyectos que sumarían decenas de miles de viviendas. Sus dudas técnicas y jurídicas, pero también políticas, pasarán probablemente también por Fomento.
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