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La práctica paralización que vivió la actividad judicial durante el segundo trimestre de este 2020, el más afectado por la situación sanitaria causada por la Covid-19, no ha hecho más que agravar la saturación que esta administración sufre de manera endémica desde hace años. Los juzgados de la Región finalizaron junio con la friolera de 122.981 asuntos pendientes de respuesta, según los datos desgranados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Esta gran bola de nieve aumentó durante los meses de confinamiento un 15,9% respecto al mismo periodo del año anterior y comienza a alcanzar unas dimensiones no vistas desde hace años. Es más, hay que remontarse a 2011 para encontrar un volumen de asuntos en trámite tan alto.
122.981 asuntos se encontraban pendientes de respuesta a finales de junio en la Región.
33,3% descendió la resolución de asuntos en el segundo trimestre, marcado por la crisis.
7,7 meses es el tiempo medio que debe aguardar un murciano para encontrar una primera respuesta a su demanda judicial.
El Poder Judicial hizo público ayer un análisis de la actividad de abril a junio, el periodo más afectado por la declaración del estado de alarma y la consiguiente paralización judicial. En esos meses, los juzgados murcianos ingresaron 39.438 asuntos, un 23% menos que en el mismo periodo del año anterior, cuando la pandemia aún no había trastocado todo. El descenso de la litigiosidad, sin embargo, no ha sido en la Región tan abrupto como a nivel nacional, donde la entrada de asuntos descendió hasta un 32,9%.
Pese a la inusual situación, Murcia volvió a encaramarse al ranking de los territorios con mayor actividad judicial. Con 26,1 asuntos por cada mil habitantes, la Región fue la segunda comunidad con mayor litigiosidad, solo superada por Canarias (31). La presión en la comunidad se encuentra a años luz de territorios como La Rioja, País Vasco y Extremadura, que cierran la tabla con tasas de 14,3, 16,2 y 17,2, respectivamente. La tasa de litigiosidad media en el conjunto del Estado es de 22,3.
Durante los meses de confinamiento, también se redujo notablemente la cifra de asuntos resueltos. Concretamente, los juzgados lograron dar salida a 33.183 casos, un 33,3% menos que un año antes. También a nivel nacional el batacazo en los asuntos resueltos fue más acentuado: un 45,7% menos que en 2019.
Con este panorama -una elevada litigiosidad y una baja ratio de jueces por habitante-, la lentitud vuelve a situarse como uno de los principales lastres de la Administración y va a peor. Los juzgados murcianos volvieron a colocarse, entre abril y junio, entre los que más tardan en resolver un caso. Los murcianos son, después de los manchegos, los españoles que más deben armarse de paciencia para encontrar una primera respuesta a su demanda judicial. Con una media de 7,7 meses -en Primera Instancia-, los tiempos de respuesta en los tribunales murcianos son los segundos más elevados del país -solo por detrás de Castilla-La Mancha-, según el CGPJ. La espera media, además, aumentó un 24,4% en el último año.
En el caso de lo Civil, por ejemplo, la espera media se acerca ya al año. Ese es el tiempo que deben esperar los murcianos para encontrar una primera respuesta a su demanda judicial en este ámbito, que incluye desahucios, reclamaciones de deudas, daños y perjuicios ocasionados por accidentes de tráfico, tramitaciones de separaciones y divorcios, establecimiento de pensiones de alimentos para los hijos...
En lo Social, el tiempo medio de respuesta es de 11,2 meses y creció un 12,4% en el último año. En lo contencioso es de 11,7 meses y en lo Penal, de 4,6.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Miguel Pasqual del Riquelme, avanzó ayer que los pronósticos apuntan a un «tsunami» de casos para finales de este año y comienzos de 2021. Un importante aumento de asuntos que se dejará notar especialmente en los órganos laborales, mercantiles y contencioso-administrativos.
Este miércoles arrancó el juzgado de Primera Instancia número 17 de Murcia. Pasqual del Riquelme acudió acompañado por el secretario de Gobierno, Javier Parra García y el magistrado decano, Lorenzo Hernando Bautista. Explicó que el nuevo juzgado de Primera Instancia de Molina se retrasará hasta finales de marzo.
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