Entidades de la discapacidad exigen ayuda extra por los 2,5 millones en gastos de la Covid

El presidente del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) en la Región de Murcia, Pedro Martínez, reclamó ayer en la Comisión Especial de Discapacidad de la Asamblea Regional un fondo Covid que dote de recursos financieros a las entidades de discapacidad y a sus familias, «que han tenido que poner medidas adicionales para hacer frente a la lucha de la pandemia». Calcula que el gasto hasta 31 de diciembre será de 2,5 millones de euros, sobre todo en refuerzo de la limpieza y materiales de protección para alumnos y empleados de los centros de día y residencias de esta red.

Martínez consideró positivo el anuncio del aumento de 600 millones del Gobierno central para reforzar el sistema de dependencia. Sin embargo, avisó de que no hay que olvidarse de aquellas personas con discapacidad que no tienen reconocido aún el nivel de dependencia: «Es importante que los fondos que lleguen sean para todos».

Durante su comparecencia en el Parlamento autonómico planteó la necesidad de crear «líneas de financiación estables» para las entidades, con el fin de dar respuesta a imprevistos como el que ahora afrontan.

Asimismo planteó la necesidad de tener ya el decreto de Atención Temprana. «Llevamos trabajando cinco años en el decreto, tenemos 27 borradores y no se entiende por qué no está ya en marcha», lamentó. También reclamó que se eleve el umbral del copago a 2,5 veces el Iprem en todos los servicios. «Mientras que esto no llega, es importante que se trate que el 'dinero de bolsillo' que se quedan las personas en residencia, esos 120 euros, es necesario ampliarlo».

La regulación por parte del IMAS de las condiciones de prestación de servicios en el caso de que se deban prestar de forma telemática, como ha ocurrido en el caso de la pandemia, también es otra necesidad. A ella, Martínez sumó las propuestas de que el Cermi forme parte del Consejo Escolar y participe en la gestión del Observatorio de la Discapacidad con el fin de conocer en cada momento las cifras reales de la Región de Murcia. Por último, pidió elevar a un 7% la cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad.

Ante la misma comisión parlamentaria compareció la presidenta de la Federación de Asociaciones Murcianas de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Famdif), Carmen Gil, quien reclamó a los diputados celeridad para aprobar los Presupuestos regionales de 2021 antes del próximo 31 de diciembre con el fin de que las asociaciones puedan cobrar las subvenciones y hacer frente a sus pagos.

Gil planteó la eliminación del copago y también que se regule la figura del asistente personal, buscando establecer un marco laboral, la cualificación profesional y una remuneración. Argumentó que ese es un «elemento fundamental para que las personas con discapacidad tengan autonomía».

A su juicio, no se puede hablar de inclusión si no se tiene accesibilidad. En ese sentido, instó a «poner en marcha ya» el proyecto de decreto sobre la accesibilidad universal, que haya un mayor porcentaje de viviendas de protección oficial y tener en cuenta a las mujeres con discapacidad que «sufren una doble discriminación». Gil reveló que el 23% de ellas son víctimas de violencia de género y lamentó que sea un «grupo social aislado e invisible, sometido a lo largo de la historia a tratamientos desiguales».

En gran parte de las reivindicaciones de Martínez y Gil incidió la presidenta de la Comisión Especial de Discapacidad, la diputada del PP Sonia Ruiz, para quien las tres cuestiones clave para este colectivo son «la accesibilidad, el asistente personal y la mujer con discapacidad».