Los enormes retrasos del 'caso Consejerías' obligan a la Fiscalía a pedir penas mínimas

Así, en lugar de las varias decenas de años de prisión que se podrían haber reclamado contra alguno de los encausados, las solicitudes se quedan limitadas al mínimo posible y abren una clara vía a alcanzar una sentencia de conformidad con las defensas.

Los hechos que se han investigado en este procedimiento constituyen una pieza separada de la 'trama matriz', conformada por los denominados casos 'Líber' y 'Biblioteca' de presunta corrupción en los ayuntamientos de Aledo y Librilla. El 'caso Biblioteca' se ha centrado en esclarecer las presuntas actividades irregularidades que habría cometido quien, desde la Consejería de Presidencia, fue jefe del Servicio de Atención Técnica a Municipios, el ya fallecido José Luis Cano.

Según señala el fiscal en su escrito, este alto funcionario «pergeñó en 2001 un plan para enriquecerse ilícitamente abusando de su cargo y función», mediante la adjudicación de contratos menores, y para ello utilizó en apariencia dos sociedades, Control&Gis Consultores SL y Acadi SL, junto a un supuesto colaborador: Domingo Peñalver.

Merced a la aparente intervención de Cano, que controlaba este proceso, esas mercantiles «obtenían adjudicaciones amañadas», participando en concursos junto a otras 'empresas comparsa' para simular que existía una concurrencia de ofertas que no era real.

De este modo el alto funcionario consiguió «un eficaz método de manipulación de la contratación pública, abusando de su cargo y función, y que las empresas por él designadas gozaran de un arbitrario trato de favor». A cambio de ello, Cano se aseguraba presuntamente «una retribución y ganancia procedente de esa ilícita actividad, utilizando facturación mendaz, mediante pagos por supuestos servicios de las empresas adjudicatarias: Acadi, Asotec, Emusal y Visur».

De esta manera, Acadi, a cuyo frente figuraba Domingo Peñalver, se hizo con contratos por casi 1,1 millones de euros, a los que se suman otra adjudicaciones a las 'empresas comparsa' por varias decenas de miles de euros.

Estas presuntas actividades ilegales se extendieron también en apariencia a la Consejería de Sanidad, a través de quien era el ingeniero jefe del Servicio de Obras y Mantenimiento, Gabriel Carrión, amigo personal de Cano y socio en alguna mercantil. En este caso, el importe de los contratos presuntamente amañados se elevó por encima de los 100.000 euros.

La Fiscalía considera que estos hechos son constitutivos de varios delitos de asociación ilícita, cohecho, prevaricación, negociaciones prohibidas, fraude, falsedad documental y alteración de concursos públicos. Sin embargo, debido a esos tremendos retrasos en la instrucción, que ahora además se agravarán previsiblemente mientras se señala el juicio en la Audiencia Provincial, el fiscal solicita penas de solo tres años y cuatro meses, casi cinco años de inhabilitación y una multa de 1,2 millones para Domingo Peñalver; otras condenas de casi cuatro años de cárcel y 33 meses de inhabilitación a Francisco Javier Conejo, administrador de Asotec Ingenieros, y de un año de prisión y once meses de inhabilitación al exjefe de la Consejería de Sanidad Gabriel Carrión.