Empresarios en quiebra y empleados pobres son las principales víctimas de los desahucios en la Región de Murcia

Empresarios en quiebra, trabajadores pobres y personas vulnerables son los perfiles que más se repiten en la Región asociados a desahucios, bien sea por impago de la letra de la casa o de alquileres. Estos últimos han aumentado en lo que llevamos de año, según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que ha frenado siete desalojos de enero a abril, sobre todo en Molina, Murcia, Lorca y Cartagena, frente a los 20 de todo 2023. El año pasado se contabilizaron más desahucios por impago de alquiler (406) que por no abonar la hipoteca (315).

El perfil menos conocido al hablar de desahucios es el de empresarios que lo perdieron todo. «Eso se cuenta menos. La gente se oculta, siente vergüenza, pero hay bastantes», dice Francisco Morote, de la PAH.

Los números le dan la razón. En este primer trimestre han aumentado en España un 63,64% los concursos. «El total de procedimientos de insolvencia (concursos, planes de reestructuración...), que afectan a empresas, han crecido este año un 83,33% en la Región», apunta Francisco Fuentes Campuzano, secretario del Colegio de Economistas, con datos de Informa. «A nivel empresarial, la subida de costes está siendo tan brutal que se hace difícil mantener los negocios abiertos y eso genera paro y el paro produce impagos», dice.

El último de los desahucios que frenó la PAH es el de María Dolores Espinosa, vecina de Alcantarilla. Ella okupó un piso, propiedad de un fondo buitre, y tendrá que dejarlo el 25 de este mes. El Juzgado número 8 del Tribunal Superior de Justicia de Murcia no acepta un certificado de vulnerabilidad que le evitaría quedarse en la calle con dos hijos y un nieto de dos años. «¿Adónde me voy? Las inmobiliarias te piden muchas cosas para el alquiler y, sin trabajo, lo tengo superdifícil».

El año pasado se presentaron en la Región 1.397 concursos de personas sin actividad empresarial, lo que supuso un 223% más que en 2022. Esta subida se debe, por una parte, a que muchos hipotecados que perdieron su casa, seguían manteniendo deudas con el banco, más allá de la ejecución, y decidieron acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad, explica el abogado José María Gómez, experto en el tema.

También lo hicieron pequeños autónomos tras perder su comercio o su bar y afectados por microcréditos y tarjetas 'revolving'.

«El crecimiento fue exponencial. Si el año pasado la subida fue muy importante, este año lo será más porque ahora mismo la gente se libera de verdad y el procedimiento es ágil», añade.

Más suerte tuvo en Alcantarilla Lidia Flores, de 29 años y con cuatro hijos, los tres pequeños de 2, 5 y 7 años. Su caso lo llevó el Juzgado 7, que sí aceptó el certificado de vulnerabilidad de los Servicios Sociales. El juez paralizó el desalojo y podrá seguir viviendo en el piso de un banco que okupó hace tres años. «No tenemos trabajo. El Ayuntamiento no tiene viviendas sociales. Mi marido hace chapuzas y estamos dispuestos a pagar un alquiler social al banco, pero no nos dan esa posibilidad».

Al cierre de 2023, el Poder Judicial registró en la Región 941 desahucios recibidos en los Juzgados, frente a los 1.602 de 2022. El descenso es del 41,3%, pero fuentes del TSJ admiten que ese pinchazo no refleja la situación real. La caída se debe a los cinco meses de huelga de secretarios judiciales y funcionarios de Justicia, encargados de las ejecuciones hipotecarias, que terminan en desalojo. En total, se tramitaron el año pasado 315, frente a las 721 de 2022.

«Se está notando el incremento de ejecuciones. Vemos la conflictividad laboral y la situación inflacionista, que genera una subida en las cuotas. Se hace inalcanzable para los trabajadores asumir encarecimientos de la hipoteca de 200 y 500 euros mensuales», señala Alfonso Hernández Quereda, decano del Colegio de Graduados Sociales. Él destaca una subida del 20% de la conflictividad en el Juzgado de lo Social por despidos y reclamación de incapacidad, en una Región donde más de 140.000 trabajadores están en la franja del salario mínimo interprofesional (SMI), según CC OO.

Pese a que no bajan los tipos de interés, por los que se rige el euríbor que afecta a las hipotecas variables (están en el 4,5%), los últimos datos de CaixaBank Research indican que un hogar típico de la Región, al cierre de 2023 necesitaba 4,3 años de trabajo para pagar una hipoteca. La media nacional está en 6,8 años.

Cáritas ha acompañado en los últimos meses a 79 familias en situación de desahucio, algunos ya ejecutados y otros a la espera. Son personas vulnerables o en riesgo de exclusión, familias monoparentales, en situación administrativa regular, con menores o personas con discapacidad a cargo. Desde la pandemia los desalojos se paralizaron un tiempo, pero ya se han reactivado pese al aumento del costo de la vida, la inflación, el empleo precario, el elevado precio del alquiler y los alimentos y la falta de viviendas sociales. En el último año, desde Cáritas Diócesis de Cartagena se dieron unas 6.000 ayudas de vivienda a casi 3.000 familias. Son conscientes de que sin esta subvención, dirigida, sobre todo, al alquiler, habría más desahucios.

Siempre había tenido una vida normal, hasta que se quedó sin trabajo, se le agotó el paro y el subsidio que le quedó para vivir junto a su hijo menor de edad, no le daba para hacer frente al abono del alquiler. «Debía priorizar o pagar el alquiler o comer».

Durante un año estuvo buscando empleo, pero todos los que encontraba eran precarios. «Me impedían tanto saldar la deuda como hacerle frente al pago mensual. El proceso de desahucio no se ha iniciado por impago, sino que la propietaria reclama la vivienda para uso personal, por lo que no puedo hacer nada».

Ella, que prefiere mantener el anonimato, es española, divorciada y reside en el barrio de Los Dolores, en Cartagena, junto a su hijo pequeño. Gracias a Cáritas ha vuelto a trabajar y ahora se puede pagar una habitación en un piso compartido. «He afrontado el proceso acudiendo a Cáritas e intentando buscar apoyo o solución en los servicios públicos», explica.

Ahora está más tranquila, pero reconoce que ha sido un proceso duro que ha vivido sin una red de apoyo familiar y sin el apoyo de la Administración, pero acompañada de Cáritas. «Un día, sin previo aviso, se presentaron en mi hogar la abogada de la propietaria de la vivienda y una persona del juzgado para decirme que tenía que abandonar el domicilio en ese momento. En ningún momento, ni mi abogado de oficio ni el juzgado me habían comunicado que se desestimaba el recurso. Hablando con ellas, conseguí que me dieran de margen una semana, pero, por ley, me ha correspondido un mes más, para poder buscar una casa, recoger mis cosas e iniciar una nueva etapa».

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