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La Consejería de Empleo, Investigación y Universidades desconoce aún el número de trabajadores de la Región que se han visto inmersos en un Expediente de Regulación de Empleo (ERTE) por fuerza mayor desde la declaración del estado de alarma. Así lo aseguró este jueves el consejero del ramo, Miguel Motas, quien señaló que todos los esfuerzos están ahora puestos en gestionar los expedientes de la forma «más eficaz» para «que los murcianos puedan cobrar sus prestaciones lo antes posible».
Motas reconoció que la Consejería se encuentra «absolutamente desbordada» ante una «avalancha» de ERTE que superaba, en la mañana de ayer, los 14.420. «Tenemos un aluvión que debe sextuplicar lo que hemos recibido en diez años», afirmó el responsable de Empleo; una situación que ha obligado a su departamento a reforzar los medios humanos y tecnológicos para «agilizar los trámites».
Motas, que realizó estas declaraciones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, detalló que los funcionarios dedicados a estas tareas en la Consejería han pasado de 2 a 30, y que se han fortalecido también los recursos informáticos y telemáticos a su disposición.
El consejero aseguró que, en cuanto disponga de los datos de afectados, los facilitará «con todo detalle», y pidió «comprensión» a los sindicatos, que han solicitado reiteradamente las cifras.
En este sentido, María Jesús Gómez, secretaria de Organización de CC OO, estimó este jueves que el número «debe estar en torno a 300.000, pero son cálculos que hacemos solo a través de las llamadas que recibimos».
Por otra parte, el consejero de Empleo adelantó que se está planteando ampliar en cinco días, hasta un total de diez, el plazo máximo de resolución de los ERTE por el Covid-19, «como ya se ha hecho en Castilla y León».
Actualmente, bastan cinco días de silencio administrativo para que se considere positivo un ERTE. Pero el real decreto-ley del 27 de marzo dispone que las empresas que hayan incurrido en falsedades o incorrecciones en sus solicitudes pueden ser sancionadas a posteriori, así como las que se hayan acogido a medidas de reducción de plantilla que no resulten necesarias o no tengan conexión suficiente con la causa aducida. Así, la ampliación del plazo por parte de la Consejería pretende dar más margen para que la tramitación de las solicitudes se efectúe con todas las garantías para evitar sanciones.
Motas
Cabe recordar que las gestorías y los graduados sociales han denunciado que los problemas informáticos con el Servicio Estatal de Empleo (SEPE), las trabas burocráticas y los constantes cambios en la normativa hacen «muy probable» que miles de afectados por un ERTE no cobren hasta mayo su prestación de abril.
El presidente del Colegio de Gestores Administrativos de la Región de Murcia, José Pérez de las Bacas y Vacas, explicó que las gestorías deben seguir «un proceso telemático absolutamente demencial y denunciable». «La ministra de Trabajo dijo que los trabajadores iban a cobrar todos antes del día 10 -recordó- pero yo lo pongo en duda, porque no va a llegar nada a tiempo».
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, reprochó este jueves a la Región de Murcia, Andalucía, Canarias, Extremadura y Galicia su falta de cooperación al no facilitar a la autoridad competente estatal sus cifras de los ERTE. Al ser preguntado sobre este asunto, Miguel Motas se mostró sorprendido y aseguró que «estamos cumpliendo con la legalidad y aportando todos los datos». El consejero lamentó esas críticas «precisamente un día después de la decisión unilateral» del Gobierno central de retirar a las comunidades fondos destinados a políticas activas de empleo para pagar las prestaciones del paro.
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