López se estrena como alcalde ordenando que el Ayuntamiento se persone en 'Púnica'

No esperará ni tres días desde su investidura, si se cuenta el domingo. El nuevo alcalde de Cartagena, José López, tiene previsto firmar hoy un decreto por el que ordena que el Ayuntamiento de Cartagena pida en la Audiencia Nacional su personación en el 'caso Púnica' de presunta corrupción que investigan esa instancia judicial y la Guardia Civil. Seis días después del registro realizado por la Benemérita en el edificio administrativo, donde requisó las facturas del encargo a dedo de una campaña turística en internet a una empresa del presunto líder de la red Alejandro De Pedro, el regidor de Movimiento Ciudadano (MC) reacciona situando al municipio como posible perjudicado.

Con esta decisión, José López trata de imprimir hoy un giro de 180 grados a la postura oficial municipal acerca de este asunto. Del rechazo absoluto del saliente gobierno de Pilar Barreiro, del Partido Popular, a admitir cualquier posible vínculo con la red se pasará a la probable personación municipal como acusación particular, con un Ejecutivo compartido con MC y PSOE.

Como concejal de la oposición, José López se personó como acusación particular en 'Púnica' y prometió que promovería la personación del Ayuntamiento si gobernaba. Ahora, un informe de la Asesoría Jurídica Municipal le ha brindado la oportunidad de cumplir esa promesa nada más llegar al poder. Aunque la normativa faculta al alcalde para dictar una orden ejecutiva relacionada con acciones judiciales, en busca de un mayor respaldo es posible además que López traslade su decisión en forma de propuesta a la Junta de Gobierno Local, que esta mañana celebra su primera sesión con los cinco concejales de MC y cinco los seis socialistas (encabezados por la vicealcaldesa Ana Belén Castejón).

López se apoyará en un documento del abogado jefe, Francisco Pagán, que recomienda a la institución dirigirse al juez Eloy Velasco y esgrimir su derecho a tener acceso a las actuaciones judiciales (parte del sumario continúa declarado secreto) en garantía de los intereses generales de los cartageneros.

Los servicios jurídicos consideran que el Ayuntamiento está forzado a pedir su entrada en 'Púnica', tras la intervención de dos agentes de la UCO. Éstos se llevaron las cuatro facturas originales de una campaña publicitaria encargada a Madiva Editorial y Publicidad SL, del empresario valenciano Alejandro De Pedro. Por anuncios sobre el 25 aniversario de Carthagineses y Romanos y sobre el tesoro de la fragata 'Nuestra Señora de las Mercedes' en webs poco conocidas, el Ayuntamiento pagó tres facturas de 968 euros cada una y bloqueó una de 1.900 euros.

Asimismo, se indaga, según fuentes del caso, en los contratos 'a dedo' con Dalkia, empresa en la que trabajó el exedil del PP José Fidel Saura y en la que fue directivo el exalcalde socialista José Alonso. Ambos están imputados, el primero por el presunto amaño de un contrato de 24.000 euros como jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, y el segundo como presunto líder de una trama de tráfico de influencias.

Pleito por el concurso desierto

Coincidiendo con la decisión de López, hoy abandona su puesto el actual interventor municipal. Por orden de la Comunidad Autónoma, que tiene las competencias, Juan Ángel Ferrer será sustituido por una interventora provisional: la joven cartagenera Myriam González Del Valle, hija de la exjefa de la Agencia Tributaria Myriam Del Valle y nieta del fallecido exvicepresidente y exconsejero delegado de Española del Zinc José Luis del Valle.

Según las fuentes consultadas, la sustitución tiene relación con el conflicto en torno a la decisión del Gobierno de Barreiro de declarar desierto el concurso para cubrir de forma definitiva la plaza de interventor con un funcionario de habilitación estatal. El Colegio Nacional de Secretarios e Interventores presentó un recurso contencioso-administrativo contra esa resolución, que dejó fuera al único aspirante, Fernando Urruticoechea. El juicio será el 2 de julio.

En paralelo, el Juzgado de Instrucción 4 instruye una querella de MC contra la anterior Junta de Gobierno por presunta prevaricación.