Ejecutivo y Consejo de la Transparencia chocan por la recepción de los escritos

El presidente del Consejo, Julián Pérez-Templado, publicó un duro comunicado en el que denunciaba que el Consejo sigue sin disponer de un registro propio, lo que hace que los escritos que le dirigen los ciudadanos pasen siempre primero por las manos del Gobierno regional, a través de su registro general, algo que es «inaceptable para un organismo que tiene la misión de controlar al Ejecutivo. «Si no les gusta que les controlen, que quiten el Consejo y se dejen de fantasías», dice el exmagistrado del TSJ, que sustituyó a José Molina en el cargo en 2020.

El problema, según Pérez-Templado, viene de que, «a día de hoy, la Administración autonómica aún no ha realizado la interconexión del registro electrónico con la sede digital del Consejo de la Transparencia». «Mientras no se produzca la interconexión de nuestro registro con el sistema ORVE/SIR, las solicitudes y reclamaciones que se dirigen al Consejo se reciben y tienen entrada en la Administración regional», con lo que llegan antes a los políticos que, en la mayoría de ocasiones, están afectados por las solicitudes de información de los ciudadanos. «En consecuencia, para que lleguen al Consejo de forma directa los escritos, sin que el Gobierno tenga conocimiento previo de ellas, se tienen que presentar presencialmente», indica Pérez-Templado.

El exmagistrado del TSJ añade que, «en el directorio común de organismos de la Región de Murcia, el Consejo de la Transparencia sigue apareciendo como una entidad dependiente de la Dirección General de Regeneración y Modernización Administrativa de la Comunidad Autónoma. Y ello a pesar de que la ley autonómica 12/2014, que creó el Consejo, garantiza su independencia, orgánica y funcional, de las entidades sobre las que ejerce sus funciones de control».

«Ha de tenerse en cuenta que la Comunidad, en esta circunstancia, no está dando traslado de los escritos que se dirigen al Consejo, conforme a los artículos 19.1 de la Ley 19/2013 y 14.1 de la Ley 40/2015», acaba Templado.

Por su parte, el consejero de Transparencia, Seguridad y Emergencias, Antonio Sánchez Lorente, solicitó al Consejo de la Transparencia que instale un registro interoperable para poder dar entrada formal a los escritos ciudadanos presentados en otras administraciones.

De esta forma, «también podrán recibir los escritos y documentos presentados por los ciudadanos en las Oficinas de Registro, tanto de la Comunidad Autónoma como de cualquier otra Administración pública». Algo que en la actualidad no ocurre.

«Los ciudadanos deben poder presentar sus escritos y documentos en cualquiera de las oficinas de registro previstas en la ley y pertenecientes a cualquier administración, sea esta local, autonómica o nacional», explicó el consejero, que insiste al Consejo que acepte las comunicaciones interiores que le remiten de la Comunidad para dar cumplimiento al derecho a la información de los ciudadanos.