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El «escaso esfuerzo» de las formaciones políticas para alcanzar consensos, el «protagonismo excesivo» del Gobierno de Pedro Sánchez en detrimento del Parlamento, la «dificultad para coordinar las distintas administraciones territoriales y sectoriales», la «rigidez, lentitud y excesiva burocratización» de las administraciones públicas y el « ... descontrol de la enfermedad en las residencias de ancianos» fueron algunos de los factores, los más relevantes, que hicieron que la pandemia de la Covid-19 causara «un daño aún mayor» entre la población española, principalmente durante la primera ola de marzo a abril de 2020.
Estas son algunas de las conclusiones a las que llega el estudio 'España y el impacto de la Covid-19. Estado democrático de Derecho, gobernanza y economía', realizado por la iniciativa 'España Juntos Sumamos' y dirigido por el catedrático de Ciencia Política y director de la Cátedra de Buen Gobierno e Integridad Pública de la Universidad de Murcia (UMU), Fernando Jiménez; el profesor de Derecho Constitucional de la UMU, Germán Teruel Lozano; la abogada del Estado y secretaria general de la Fundación Hay Derecho, Elisa de la Nuez, y por el consultor de protección social y trabajo en el Banco Mundial, Carlos Victoria. Un análisis, en el que ha colaborado EsadeEcPol, que ayer fue presentado en Barcelona por el director de la iniciativa 'España Juntos Sumamos', Ignacio Prendes.
El documento comienza poniendo de relieve que España fue «el país de la UE con mayor exceso de mortalidad» y que las razones que lo explican son complejas y variadas en su naturaleza. Lo que para los expertos resulta evidente es que «el duro castigo a que nos sometió el coronavirus no solo se debió a factores que tengan que ver con el funcionamiento de nuestro sistema de gobierno, pero algunos factores institucionales contribuyeron a que este daño fuera aún mayor».
Una de las circunstancias que merecen mayor reproche a nuestra clase política es que, «a diferencia de la gran mayoría de nuestros socios europeos, en los que la crisis estimuló amplios consensos políticos para hacerle frente, España se distinguió por el escaso esfuerzo hecho para la construcción de estos grandes acuerdos y por el protagonismo excesivo asumido por el Ejecutivo en lugar del Parlamento».
La pandemia puso además de manifiesto «la dificultad para coordinar a las distintas administraciones territoriales y sectoriales con competencias en el esfuerzo de combatir la pandemia», y la Administración Pública pecó de «rigidez, lentitud y excesiva burocratización, tanto en el ámbito de la contratación pública como en el de la propia gestión de los nuevos instrumentos con los que se trató de suavizar lo peor de los efectos socioeconómicos de la pandemia». Como ejemplos menciona los ERTE, el ingreso mínimo vital (IMV), las líneas de crédito a las pymes...
Esfuerzo por el consenso y la inclusión política «Los elevados niveles de polarización política que se están alcanzando en España afectan ya de manera muy preocupante a la capacidad que podemos tener como país para actuar colectivamente ante problemas compartidos», se alerta en el informe. «Para alcanzar esa tarea de construcción de consenso es muy importante aumentar la capacidad de inclusión en la representación de intereses por parte de las principales instituciones políticas del país».
Más competencias compartidas y menos blindadas «Frente a una concepción de las competencias de cada nivel de gobierno que trata de atesorarlas y blindarlas frente a cualquier injerencia, debemos pasar a una concepción de competencias compartidas si queremos asegurar la viabilidad y efectividad del modelo federal. Las políticas públicas exigen la cooperación constante entre administraciones, y no el establecimiento de fronteras y trincheras entre unas y otras», es otra de las advertencias de 'España Juntos Sumamos'.
Flexibilidad, polivalencia y meritocracia El análisis deja patente la necesidad de acometer «una revolución en nuestras administraciones públicas que implique una mayor profesionalización, la reducción de los niveles de politización de los altos cargos, el desarrollo de la dirección pública profesional que permita desarrollar muchos más mecanismos de gestión gerencial, y un sistema de reclutamiento y gestión de recursos humanos que apueste por la flexibilidad, la polivalencia y la meritocracia».
Integridad ética y mecanismos para atajar la corrupción Otra de las grandes recomendaciones es impulsar «la integridad ética de los gobernantes y el control de los riesgos de corrupción en la gestión pública». No en vano, «la credibilidad de las instituciones públicas y, con ello, la capacidad de que los ciudadanos ajusten sus comportamientos a las directrices de los gobiernos descansa en gran medida sobre la creencia que aquellos tengan sobre el comportamiento íntegro de estos y del personal a su servicio».
Por último señala expresamente «el descontrol de la enfermedad en las residencias de ancianos», lo que se tradujo en que casi el 40% del total de fallecidos viviera en esos centros.
Los motivos de preocupación de los autores del estudio no se quedan en la gestión de la pandemia ya realizada, sino que se extienden a lo que está por venir, sobre todo teniendo en cuenta que, en la actual fase de recuperación en la que estamos inmersos, «el impulso político y económico de la Unión Europea será decisivo». Y no parece haber grandes razones para el optimismo desmedido en este terreno, teniendo en cuenta que «España es el país de la UE que presenta la peor tasa de absorción de los fondos europeos en el período 2014-2020: 43% ejecutado solamente. Es un dato enormemente preocupante que debe empujar a hacer las reformas estructurales oportunas para revertir una situación tan penosa»; esto es, que lleguen importantes ayudas y los gestores públicos sean incapaces de sacarles todo el provecho posible.
Entre las cuestiones de carácter legal que han chirriado durante el estado de alarma, este análisis destaca «la inadecuada gestión de las prórrogas», al permitirse una tercera extensión de las medidas restrictivas «difícilmente conciliable con el espíritu constitucional», y el déficit de transparencia existente respecto de los comités técnicos y el contenido de sus informes.
«La pandemia ha sido una prueba de estrés y, lógicamente, se nos han visto las costuras en todo aquello que no funciona». Fernando Jiménez, catedrático de Ciencia Política de la UMU, afirma que la crisis de la Covid-19 ha sacado a la luz lo mejor de muchas personas y colectivos, como los sanitarios, los docentes, las fuerzas de seguridad..., pero también lo peor de otros, como la clase política, «que ha sido incapaz de alcanzar consensos incluso en una situación tan crítica. La polarización entre fuerzas políticas, y particularmente entre las dos grandes formaciones, es cada vez mayor y eso es nefasto para el funcionamiento del sistema, porque está siendo imposible llegar a acuerdos en los grandes asuntos de Estado». Jiménez concluye así que lo peor de esta pandemia es que ha puesto de relieve «el creciente deterioro de la calidad de la clase política, que es la más baja desde hace décadas. Tendemos a decir que los políticos son un reflejo de nuestra sociedad, pero yo creo que ahora están muy por debajo».
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