Educación deja un resquicio a la concertada para que cobre a través de fundaciones

El texto del articulado cambia en este punto de la redacción el verbo, y en lugar de prohibir a los centros recibir aportaciones a través de fundaciones de forma directa, da un giro a la frase y dice que no podrán «imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica por parte de las familias de los alumnos». El decir, los colegios no podrán imponerlas, pero tampoco están prohibidas, y no hay obstáculo legal a que las cobren. De esa manera, Educación permite a los centros ingresar esas aportaciones a través de fundaciones, y a la vez ampara a las familias que, dado el carácter voluntario de los pagos, no quieran hacerlos. En la práctica, la realidad es que la mayoría de las familias se avienen a abonar esas cuotas camufladas.

En la Región son muchos los centros concertados que cobran las cuotas de los padres a través de fundaciones para que no consten como pagos a los colegios. La fórmula permite a las familia desgravar esos 'donativos' de la renta anual. Con ese mecanismo, las familias no realizan pagos directos al centro ni a las asociaciones de padres, y esquivan la ley que prohíbe realizar esas aportaciones. Aunque el Ministerio de Hacienda puso en marcha hace dos años una campaña de inspección de la Agencia Tributaria sobre las aportaciones como donaciones de los padres a colegios concertados, son pocos los casos en los que se han exigido las devoluciones de las ya realizadas.

A pesar de poner, por primera vez, coto a las cuotas en el decreto, la Consejería de Educación no ha ejercido nunca una vigilancia estrecha sobre esos pagos. De hecho, en los dos últimos años no ha tramitado ninguna sanción por esa práctica, según admitieron ayer fuentes de Educación.

Los centros concertados, por su parte, insisten en que no todos los colegios de titularidad privada y financiados reciben esos pagos. «Son muchos los que no ingresan nada, y que atienden a un alumnado sin recursos», reivindica la presidenta de Escuelas Católicas, Alicia Plaza. También son mayoría las cooperativas que no lo hacen.

En cualquier caso, Plaza estima que no sería necesario ningún pago si «los conciertos cubrieran el coste real de una plaza escolar. La asignación es insuficiente», reivindica. También el presidente de la Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa), Alberto González Costea, reclama que los conciertos se quedan cortos, y pide libertad para las familias que quieran hacer aportaciones a las fundaciones que consideren. «Entra dentro de la libertad de cada uno. Si no se imponen, no hay razón para que las familias que lo consideren no las realicen», reivindica. González Costea recuerda que también «hay centros públicos que piden la aportación de las familias para, por ejemplo, comprar aparatos de aire acondicionado», reclama.

El nuevo baremo tampoco marca las zonas que impedirían a las familias lograr plaza en un centro alejado de su domicilio. Así, en la práctica mantiene, de momento, el distrito único, y esquiva la 'ley Celaá', como el Gobierno regional anticipó que haría en todas las cuestiones que «atenten contra la libertad de las familias para escoger colegios». La portavoz del Gobierno regional, Valle Miguélez, dijo ayer que la Comunidad cumplirá «escrupulosamente» la 'ley Celaá', pero aplicará los «instrumentos jurídicos» a su alcance para «abordar el derecho a elegir» de los padres sobre la educación de sus hijos».