Los ecologistas califican de «atentado democrático» la reforma de la ley del Mar Menor

«Sacar leyes con la intención de no cumplirlas o reformarlas para dejarlas vacías de contenido es un atentado democrático». Así de contundente se ha mostrado Ramón Pagán, portavoz de Pacto por el Mar Menor, este lunes al valorar la propuesta del Partido Popular en la Asamblea Regional para reformar la ley del Mar Menor. La iniciativa ha comenzado su tramitación en el Parlamento autonómico a la espera de las comparecencias de expertos para estudiar posibles cambios, unas citaciones en las que no estarían, por el momento, todos los colectivos creados en los últimos años para defender la laguna.

Para Pedro Luengo, portavoz de Ecologistas en Acción en Murcia, esa reforma es una «tomadura de pelo» que pretende, cuatro años después de aprobarse esta legislación, «reducir las garantías de protección del medio ambiente». Luengo ha remarcado que la actual ley tiene dos deberes pendientes: establecer límites reales al uso de fertilizantes en la cuenca vertiente y el plan de ordenación territorial en el Campo de Cartagena, que acumula un considerable retraso.

El ecologista teme que las consultas que se realicen a los expertos estén «sesgadas totalmente», ya que considera que faltan voces «científicas y sociales» dentro de la comisión que analizará la iniciativa. Piensa, eso sí, que está «sobrerrepresentado» el sector agrícola por propio interés de los populares. Pagán, por su parte, afirma que «todo el daño que se genere por esta demora en actuar en el origen del problema, que demore una solución, tendrá como único responsable el actual Gobierno regional».

Las ocho organizaciones que componen esta red de defensa de la laguna se reservan el derecho de llevar al Ejecutivo ante los tribunales si se desprotege el ecosistema. Ecologistas en Acción incide en que «todo está por hacer» en lo que concierne a la regulación agrícola y ganadera de la cuenca y que el interés de plantear una reforma responde a la necesidad de «rascar votos» en el mundo rural para las elecciones europeas. Entre leyes que «nacieron muertas», como la de medidas urgentes de 2018 antes de la actual, y las que ahora «tampoco se aplican», las organizaciones califican la actuación de la administración regional como de «irresponsable».

Sólo Ecologistas en Acción y ANSE tienen asegurado un hueco en las comparecencias que se lleven a cabo para la reforma de la ley en la Asamblea, a petición del PP. Los colectivos sociales quieren más espacio dentro de esa tramitación, pero también recuerdan que las últimas legislaciones «no han contado» con la opinión del Consejo Asesor de Medio Ambiente ni tampoco se ha consultado al comité científico de la laguna, aseguran. «¿Tenemos que seguir debatiendo si la tierra es plana», se ha preguntado Pagán, que no entiende «la necesidad de reformar» la ley, en la que, pese a todo, nunca han llegado a creer.

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