Ecologistas, biólogos y el Pacto por el Mar Menor tachan de ineficaz el decreto

El decreto que debe regular y limitar los usos agrícolas y urbanísticos en el Mar Menor resulta «ineficaz» y marca restricciones «ridículas» y «escasas». Lo entienden así los ecologistas, plataformas ciudadanas y biólogos murcianos, molestos además porque el Gobierno regional no haya tomado en consideración sus aportaciones en la redacción de la normativa, aprobada el jueves. Una «oportunidad perdida» que, alertan desde Pacto por el Mar Menor, condena a muerte a la laguna.

Indignados y molestos por haber conocido los detalles del documento tras su publicación oficial, ecologistas, ciudadanos y biólogos valoraron la prohibición de aplicación de «todo tipo de fertilizantes, estiércoles o abonos en verde en aquellas áreas que se encuentren a menos de 500 metros del límite interior de la ribera del Mar Menor», que calificaron de «ridícula y muy escasa. En esas condiciones, apenas serán 130 hectáreas de cultivo, frente a las 60.000 del Mar Menor», calculó Pedro García, director de ANSE, en coincidencia con Pacto por el Mar Menor, que denunció que «la prohibición del uso de fertilizantes en una franja de 500 metros alrededor de la laguna solo merece el calificativo de ridícula desde el punto de vista técnico y práctico, ya que esa franja está ocupada por zonas urbanas o saladares en casi su totalidad. Establecer una franja de 2.000 metros sin fertilizantes sí habría supuesto una disminución importante de contaminantes nitrogenados al Mar Menor, así como la posible realización posterior de un 'cinturón verde', que ayudara a evitar contaminación, arrastres de tierras e inundaciones a la laguna», valoraron.

La limitación es también testimonial para el presidente del Colegio Oficial de Biólogos de la Región, quien lamentó la exclusión de esos profesionales en la elaboración y aplicación del decreto, especialmente en lo que se refiere a la figura de los ingenieros agrícolas como operadores agroambientales, que les deja de lado. «La limitación de 500 metros no tiene sentido, teniendo en cuenta que ya hay cultivos, y que difícilmente se controlará el uso de fertilizantes», demandó Ginés Luengo, quien lamentó que la normativa trate de contentar a todos los sectores, cuando «la ciencia no es democrática».

Los ecologistas no dudaron en calificar la normativa de «decreto trampa. Y lo es porque oculta cuestiones graves, como el hecho de que no se aplique la moratoria urbanística a proyectos con la tramitación ya iniciada, como es el caso de Novo Carthago y Puntas de la Loma, lo que permitiría seguir adelante. Es un escándalo absoluto», lamentó García.

ANSE encuentra «otra trampa» en «la rebaja de las exigencias a los agricultores», más laxas que las contempladas en la Ley de Medidas Urgentes del Mar Menor. «Por ejemplo, en relación a cierto tipo de fertilizantes que quedaban restringidos y ahora no». La precipitación y la falta de consenso son, para la plataforma Pacto por el Mar Menor, motivo de rechazo al Decreto Ley de Protección Integral del Mar Menor «por su forma y contenido. No se han recogido ninguna de nuestras aportaciones, y por tanto no es cierto, tal como afirma el consejero, que esta ley cuente con el consenso de los colectivos sociales», denunció ayer la plataforma, en coincidencia con los ecologistas y el Colegio de Biólogos.

Lo más grave, a juicio de la plataforma ciudadana, es que en el contenido de esta ley no aparece asignación presupuestaria ni de personal para la labor de aplicación e inspección de su cumplimiento, «lo que la hace ineficaz e inoperante».

Ecologistas, ciudadanos y biólogos coincidieron en lamentar que la Región pierde así una oportunidad histórica, una vez más, para que la ley Integral de Protección del Mar Menor, «tantos años esperada y deseada, por fin fuera una solución a la dramática situación que sufre este ecosistema único». Las presiones del sector agrario, junto con los partidos que la apoyan (PP, Ciudadanos y Vox), la convierten en inoperante, «condenando a muerte al Mar Menor. Asimismo, condena a una gran parte de la población que tiene su medio de vida en su entorno a la pobreza o a la migración», denunció Pacto por el Mar Menor.

El texto normativo, desglosado en 85 artículos que limitan los usos agrícolas y urbanísticos en el Mar Menor es, para los biólogos, una «oportunidad perdida que terminarán pagando otros sectores, como el turismo y la pesca». La normativa fue aprobada el jueves por el Consejo de Gobierno y publicada ayer en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM).