Ecologistas en Acción apuesta por prohibir el regadío intensivo en toda la zona desde la AP-7 hacia la laguna

«Desfasado», porque las medidas que pretende implantar no se corresponden con el diagnóstico realizado por los científicos. «Ineficaz», porque las obras hidráulicas contempladas no evitarían por completo la llegada de nutrientes a la laguna. Y «temerario», porque trasladan el problema de la eutrofización hacia zonas locales del Mediterráneo. Ese es el balance que realizan desde Ecologistas en Acción sobre el proyecto de soluciones que el Ministerio ha elaborado para conseguir el 'vertido cero' al Mar Menor de las aguas provenientes del Campo de Cartagena.

La ONG valoró y agradeció el análisis del problema expuesto en dicho documento, que apunta hacia la agricultura y las explotaciones ganaderas como las principales causantes del deterioro en la laguna. A los regantes ya no les quedan excusas «de mal pagador» que esgrimir, puesto que «se ha demostrado que el 85% de los nutrientes que contaminan el Mar Menor son de origen agrario».

Según el análisis realizado por los científicos, las soluciones reales a la contaminación por nitratos pasarían, según la ONG, por prohibir el regadío intensivo desde la zona más cercana de la AP-7 hacia la laguna, en toda su franja sur, «creando otras explotaciones capaces de retener el agua que eliminarían más el 70% de nutrientes» que llegan al Mar Menor.

Sin embargo, consideraron que el documento propone soluciones «desfasadas» por dos cuestiones. La primera es que las obras hidráulicas diseñadas para desviar los flujos de agua al Mediterráneo «no actúan sobre la base del problema, que es la agricultura intensiva». Y la segunda es que «se repiten soluciones que han fracasado y que muestran una enorme insensibilidad hacia el medio natural».

«En el proyecto no hay una sola referencia a las actuaciones pasadas y, sin haber evaluado los proyectos fracasados, se está actuando por la misma línea», consideró Ecologistas en Acción y recordó, además, que ya en el 97 la CHS «elaboró una obra extraordinariamente similar y que nunca llegó a entrar en funcionamiento porque los regantes se negaron a pagar su parte de mantenimiento y explotación».

Así las cosas, la ONG recordó que las actuaciones de captación de agua contempladas en el proyecto «necesitarán más de 29 millones de euros anuales para mantenerse» y denunció que «en ningún momento se nos ha informado de quién las va a pagar». Por esa razón, sostuvieron que «no se cumple con la equidad social», ya que «la experiencia nos dice que no se va a realizar una corresponsabilidad de costes y que los regantes no pagarán». Por tanto, creen que el proyecto sobre 'vertido cero' es «un premio al infractor».

Además, la ONG se mostró realmente preocupada porque, según explicó, no se ha elaborado un análisis de costes-efectividad, «y eso nos genera dudas acerca de las razones por las que se ha priorizado este sistema y no otro». Advirtió Ecologistas en Acción que, sin ese informe previo que demuestre que la opción escogida es la menos costosa y más eficiente, «la Unión Europea no financiará un solo euro para este proyecto, ya que ese análisis es un requisito obligatorio para pedir las ayudas».

La solución propuesta en el documento supone, «siempre contando con que funcione bien y no haya algún problema o avería», evacuar 2.125 toneladas anuales de nitratos al Mediterráneo, provocando así su «contaminación y la eutrofización local de algunas zonas». Por otro lado, advirtió que «en el momento en que un proceso falle por avería o accidente, tendremos flujos contaminantes en ambos mares que, en el caso del Mar Menor, agravarían su eutrofia».

«Este proyecto cierra la puerta a convertir la cuenca de la laguna en un entorno natural y demuestra que el Gobierno regional ha estado supeditado a los intereses del sector agrario durante los últimos 25 años, negando continuamente las evidencias científicas. Se ve en el proyecto una clara dejación de sus funciones por parte de la Comunidad, ya que no se contemplan medidas de obligatorio cumplimiento para el uso de fertilizantes ni para las explotaciones ganaderas, ni tampoco sanciones ejemplares para las 60.000 hectáreas detectadas de regadíos ilegales», continuó la ONG.

Ecologistas en Acción comunicó estas valoraciones al Gobierno regional y a la ministra de Medio Ambiente, Teresa Ribera, quien «tomó nota de nuestro informe».

Además de prohibir el regadío intensivo en la zona sur y de invertir en la creación de humedales, en las explotaciones de la parte superior de la AP-7 habría que adoptar «medidas de obligado cumplimiento y no opcionales, como las que lleva el proyecto». Y entre ellas citó la ONG la obligación legal que toda explotación agraria tiene desde 2018 de reservar al menos el 5% de su superficie para cultivos de recogida de nutrientes con vegetación natural. «Una medida que se aprobó con el voto en contra del Gobierno regional, que ha facilitado su incumplimiento, como el de otras cuestiones de la Ley de Medidas Urgentes. Por eso, consideramos que el Gobierno regional ha sido el principal antisistema».

Sobre el futuro del Campo de Cartagena a raíz de este proyecto, la ONG dijo que «si el sector entra en crisis será por no haberse renovado hacia una agricultura ecológica, porque otros países no querrán productos de los que hayan cometido el pegado de cargarse el Mar Menor».