El dueño de Fonda Milagros señala también una responsabilidad municipal en la tragedia de Atalayas

El propietario de la discoteca Fonda Milagros, donde perdieron la vida las trece víctimas de la tragedia de Atalayas, se ha sumado a las familias de los perjudicados y reclama que se depuren también responsabilidades en el ámbito municipal. Este empresario, que está siendo representado por los abogados Francisco Adán y Francisco Javier Verdú, ha enviado un escrito al Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia en el que solicite a la magistrada que amplíe la imputación tanto al ingeniero proyectista como a los técnicos del Consistorio que realizaron la inspección de los locales en 2018. Esta parte entiende, asimismo, que el Ayuntamiento de Murcia debería responder en este caso como responsable civil subsidiario.

Este nuevo movimiento de la defensa del dueño de Fonda Milagros se produce después de que se notificase a las partes el informe pericial encargado por la jueza y elaborado por una arquitecta. Este pone de relieve, como avanzó LA VERDAD, que existían graves deficiencias en las medidas de seguridad contra incendios en las discotecas Teatre y Fonda Milagros. La investigación técnica señala, asimismo, incumplimientos en la normativa de protección contra incendios, fallos en la compartimentación del fuego y deficiencias en las vías de evacuación en las dos salas. Con estos datos en la mano, esta parte considera que es necesaria la «indefectible imputación» de los responsables municipales y así lo reclama a la jueza.

A raíz de este informe, familiares de las víctimas de la tragedia de Atalayas muestran también su deseo de que la instructora llame a declarar como investigados al ingeniero que redactó el proyecto y a los "funcionarios implicados y los responsables políticos" que permitieron la situación de los locales. El abogado José Manuel Muñoz, que representa a dos familias de fallecidos en el fuego, remarca que el Ayuntamiento "omitiendo sus obligaciones de inspección y control ha permitido que la situación de ilegalidad se prolongue durante todo el tiempo".

Muñoz hace hincapié en que el informe pericial pone de manifiesto que "las discotecas nunca debieron operar en esas condiciones". La licencia, subraya, "nunca debió de otorgarse y, ante la situación irregular existente, lo procedente y legal hubiera sido su cierre". Esta acusación particular concluye que "la falta de compartimentación, la propagación del fuego por el techo, la evacuación deficiente y la inacción de los responsables técnicos y administrativos contribuyeron directamente a la tragedia".

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