Doce empresas reclaman 18 millones por daños que achacan a la ley del Mar Menor

Así figura en la memoria del año pasado que presentó ayer Antonio Gómez Fayrén, presidente del Consejo en funciones. La Consejería solicitó dictamen sobre estos perjuicios que dijeron haber sufrido las explotaciones agrarias por las limitaciones que impone la ley. Los letrados consideraron que «no existe la conexión necesaria de esta ley con los daños que se alegan». Recuerdan que se declaró el Mar Menor como masa de agua afectada o en riesgo ambiental por la contaminación derivada, entre otras causas, de las explotaciones agrícolas; en tal situación jurídica, no es posible imputar el daño que se alega a la ley, ni reclamarlo al Consejo de Gobierno».

Las reclamaciones en el ámbito sanitario siguen siendo las mayoritarias, con 27,2 millones que los particulares exigieron a la Consejería de Salud por casos de supuestas malas praxis, de los cuales solo se reconocieron 313.018 euros.

El Consejo Jurídico también ha llamado la atención sobre el aumento de reclamaciones de ciclistas que sufren accidentes en pistas y vías públicas forestales por el supuesto mal estado. Recuerda que no forman parte de la red regional de carreteras y que el estado de estos caminos resulta acorde con el entorno natural en el que se encuentran.

Este organismo recibió 403 expedientes de la Administración regional y de los ayuntamientos, la mayoría de la Consejería de Salud. Emitió 381 dictámenes, en su mayor parte consultas de reclamaciones por responsabilidad patrimonial de la Comunidad.

En un acto presidido por Fernando López Miras y al que acudieron miembros de los grupos parlamentarios en la Asamblea y representantes de la judicatura, Antonio Gómez Fayrén destacó el trabajo desempeñado por esta institución con 25 años de trayectoria. Hizo referencia al clima actual que se vive en España y destacó que hay que «respetar la autoridad jurídica», basada en los principios de legalidad y seguridad, teniendo en cuenta el interés general y el respeto a los derechos individuales. Recalcó que la seguridad jurídica «es hoy aún más importante y necesaria». También abogó por la independencia del sistema judicial.

Respecto a la actividad y recomendaciones del Consejo, aludió a la observancia de los trámites medioambientales, en el sentido de que, si se pasan por alto, pueden derivar en la nulidad de los procedimientos. Gómez Fayrén solicitó asimismo agilizar la convocatoria de plazas de letrados de la Administración, ya que muchos aspirantes optan a plazas en otras regiones. Tuvo palabras de reconocimiento a la labor de Eduardo Garro, anterior interventor de la Comunidad Autónoma, y a la de Juan Megías Molina, primer presidente del Consejo. A este se le dedicó una placa de homenaje, en presencia de su familia.

El Consejo Jurídico, formado por Gómez Fayrén, Luis Gálvez, Salvador Pérez, Blanca Soto y Manuel Contreras, aún tiene una vacante por cubrir desde hace seis años, cuyo candidato/a debe designar la Asamblea Regional.

López Miras agradeció el trabajo del Consejo Jurídico, a la vez que criticó que en el plazo de un año se ha pasado de la 'ley del solo sí es sí' a la ley de amnistía, en un «proceso de degradación». «Hay que reafirmarse en la vigencia de las leyes. Frente a la degradación del sistema, nada mejor que el rigor normativo», señaló.