Directores y profesores asumen el 'pin parental' como una injerencia en su labor docente

En la práctica, y en virtud del acuerdo de gobierno firmado el pasado verano, los colegios e institutos murcianos ya envían desde el pasado septiembre esas solicitudes de autorización a las familias, que tienen que responderlas firmadas si consideran que sus hijos deben asistir a las actividades. En junio Vox puso ese consentimiento entre las condiciones para hacer presidente a Fernando López Miras, y aunque Ciudadanos ya criticó la medida, terminó firmando el documento de investidura que la incluía.

Aunque en realidad Vox solo mostró interés en vetar la asistencia a los talleres y conferencias relacionados con la educación moral y sexual, la obligación de contar con ese permiso se ha extendido a todas las actividades complementarias que se realizan en los centros educativos, ya que no tendría cabida que unas actividades tuvieran filtro paterno y otras no. Tras el acuerdo de gobierno, la Consejería de Educación incluyó la obligación de contar con el permiso en las instrucciones de principio de curso, un cauce «inapropiado» para los sindicatos y la oposición, que criticaron al inicio del curso esa orden e incluso cuestionaron su legalidad, ya que los decretos que establecen los currículos de Primaria y Secundaria consideran esas actividades complementarias -charlas, talleres, visitas a museos...- «evaluables y obligatorias», ya que complementan la formación en el aula. A pesar del rechazo y de los recursos presentados por docentes y sindicatos, la instrucción no ha dejado de aplicarse.

Las actividades complementarias no son decididas al antojo del profesor de turno. Los equipos docentes y directivos las estudian y deciden a principio de curso, y las detallan en la llamada Programación General de Aula, que los padres pueden consultar, en ocasiones hasta en la web del centro. El plan de actividades complementa la programación más académica, se desarrolla en horario escolar, abarca todo el curso y aborda las áreas que decida el equipo docente como más convenientes ese año para sus alumnos: desde el cambio climático, a la visita de escritores al centro, salidas a museos, charlas de policías sobre drogas... y la rechazada por Vox de educación afectivo-sexual, que abordaba la homosexualidad, y que suscitó el rechazo de organizaciones conservadoras como el Foro de la Familia el pasado año. Hasta que surgió la polémica, los colegios e institutos solo pedían permiso a los padres para las actividades que se desarrollaban fuera del centro y costaban dinero.

La programación complementaria, consideran los directores y docentes, es básica en la formación de los alumnos. «Entre visitar el museo y ver la diapositiva en clase, no hay comparación», ejemplifica el presidente de la Asociación de Directivos de Centros Públicos de Educación Secundaria de Murcia (Ades), Raimundo de los Reyes, para quien la nueva norma «es una incongruencia y una forma absurda de solucionar su obsesión». La educación sexual, demanda, «no puede obviarse cuando hablamos de adolescentes; la necesitan».

Los docentes reivindican además la función correctora de la escuela pública, que, consideran, debe compensar la educación de padres «homófobos, racistas o contrarios a la teoría de la evolución, que también los hay».

El consentimiento paterno obligatorio ha generado una «ingente» carga de trabajo en los centros, que no pasan semana sin enviar un par de solicitudes a sus alumnos. «Se dan situaciones sin sentido. Hace unas semanas programamos la charla de un marino mercante que ha estado de misión en la Antártida para que complete la unidad didáctica sobre el mundo submarino que están estudiando. Ocho niños se olvidaron de traer la autorización, y no pudieron asistir a la charla. Además, tuve que buscar a un profesor de apoyo para que se hiciera cargo de ellos», ejemplifica la presidenta de la Asociación de Directores de Colegios de Primaria, Mariola Sanz. El de la asociación de equipos directivos Direcmur, Rubén Escavy, coincide en lamentar la burocracia añadida, pero admite que los docentes «ya han asumido el 'pin parental'».

Los maestros y profesores, a quienes les inquieta que el 'pin parental' sea la prioridad en materia de educación y se olviden las tasas de abandono y el estado de los centros, no están dispuestos a que se «cuestione» su labor y se impida que el alumnado consiga «el desarrollo integral educativo», denunció el secretario general de la Federación de Enseñanza de UGT. Entre los padres, las posiciones están divididas: mientras los de la escuela pública rechazan el consentimiento informado, la Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa) defiende su «derecho a estar informados sobre las charlas a las que asisten nuestros hijos».

Entre tanto, la portavoz de la asociación de extrema derecha HazteOir, Teresa García-Noblejas, celebró ayer que el Gobierno de la Región «haya tenido el coraje de comprometerse a incluir el 'pin parental' en los centros educativos». HazteOir.org hizo llegar a más de 600 centros escolares otros tantos ejemplares del 'pin' y folletos «en los que se dan a los padres recomendaciones para defender a sus hijos de los activistas LGTBi, de las feministas radicales y de los ideólogos de género» que, según García-Noblejas, se «introducen en las aulas sin conocimiento ni consentimiento expreso de los padres».