La Asamblea Regional solicita al Gobierno central más medios para intensificar las inspecciones en el campo

La Asamblea ha aprobado, con el voto en contra de Vox y la abstención del PP, una moción presentada por el diputado de Podemos Víctor Egío en la que ha pedido que «se dote con más medios y personal a la inspección del Ministerio de Trabajo; que se refuercen e intensifiquen las inspecciones en el campo y que el Gobierno regional lleve este tema a la Comisión Operativa Autonómica de la Inspección de Trabajo».

Por parte del PSOE, la diputada Virginia Lopo ha afirmado que los inspectores de Trabajo «son los garantes de que se cumplen las condiciones laborales que figuran en las leyes» y ha pedido la cooperación y coordinación con este organismo estatal a través de la Comisión Operativa Autonómica «para priorizar el reforzamiento de las inspecciones en el campo murciano». Lopo ha afirmado que «necesitamos que tengan los instrumentos y los medios necesarios para acabar con una lacra que afecta a los trabajadores de esta Región».

El diputado de Vox Antonio Martínez ha acusado a Podemos de dirigir esta moción contra el sector agrícola, el Gobierno regional y la Inspección de Trabajo y ha afirmado que «las víctimas son los agricultores murcianos y los empresarios agrícolas» al afirmar que los casos de irregularidades que ha presentado Egío suponen «solo un 0,5% de la población laboral del sector agrícola». Martínez ha pedido tener una actitud de «oposición total» y ha tachado de «blandos» a los diputados del PP por no decir «que no a esta ofensa a nuestra agricultura regional».

Por último, la diputada del PP Mª Ángeles Román ha afirmado que desde el Gobierno regional «se continuará insistiendo en la necesidad de dotar a la Inspección de Trabajo de más recursos». Además, ha indicado que para este 2025 «están previstas 20.246 órdenes de Inspección de Trabajo en un plan que se centrará en áreas claves como la prevención de riesgos laborales, el empleo y la lucha contra la economía irregular, con un gran número de campañas».

Por su parte, el portavoz adjunto de Vox, Rubén Martínez, ha defendido una moción para instar al Gobierno central a la creación de una unidad de extranjería y documentación de la Policía Nacional en Torre Pacheco que cubra a los municipios del Mar Menor.

La iniciativa ha salido adelante con los votos a favor del grupo proponente y del PP, tras incluir una transacción a instancias de los 'populares' para reclamar más medios destinados al cuartel de la Guardia Civil de Torre Pacheco. Podemos, que ha presentado una enmienda a la totalidad, ha votado en contra y el PSOE se ha abstenido.

En concreto, la moción de Vox ha solicitado la constitución de una unidad especializada en funciones policiales en materia de extranjería, «en especial, en la prevención, persecución e investigación de las redes de inmigración ilegal», además de cubrir los servicios de expedición de documentación.

Por su parte, Egío ha señalado que su grupo está de acuerdo con la creación de una oficina de extranjería para tramitar documentos en el Mar Menor y en otras zonas donde no existen. Al hilo, ha demandado que la oficina de extranjería de Murcia, que se trasladó al Cabezo Cortao, «vuelva a la ciudad», porque «es una vergüenza que por presiones racistas la atención a los inmigrantes se esté prestando en un lugar que no reúne unas mínimas condiciones». «Lo que no compartimos de su moción es que ustedes utilicen esta unidad como excusa para volver a asociar inmigración y delincuencia», ha dicho Egío dirigiéndose a Vox.

Por parte del PP, María Luisa Ramón, ha explicado que la creación de esta unidad «facilitaría el día a día de todos los españoles y extranjeros» de la zona. Ramón ha comentado que Torre Pacheco es el municipio de la comarca donde más ha crecido la delincuencia con respecto al año anterior y «la Guardia Civil no cuenta con los recursos técnicos, materiales y humanos para hacer frente a este gran aumento». «La seguridad ciudadana se ve comprometida cuando la Guardia Civil sufre falta de efectivos», ha aseverado la parlamentaria, que ha criticado que «ni el Gobierno de Sánchez, a través del Ministerio del Interior, ni la Delegación ha tomado cartas en este asunto».

El parlamentario del PSOE Manuel Sevilla ha explicado que «está claro» que, con su moción, en Vox «están en sembrar odio porque cuanto más caos social generen, piensan que les va a reportar más votos», y ha justificado la abstención de su grupo en que «hay que ver los resultados de la implantación del nuevo reglamento de Extranjería».

Además, el diputado del PP Antonio Landáburu ha retirado la moción para la creación de una comisión especial de estudio de digitalización y transformación digital con la intención de que todos los grupos elaboren una propuesta conjunta para sacarla adelante por unanimidad.

La Asamblea ha aprobado la enmienda a la totalidad de Vox, con el apoyo del PP, a una moción del PSOE que solicitaba que el Gobierno regional garantizara, con aportación estatal y europea, la protección y tutela de los menores inmigrantes no acompañados mientras no se disponga de una nueva normativa.

Desde Vox, Virginia Martínez ha mostrado la oposición de su partido a esta moción afirmando que no van «a ser cómplices de las mafias de tráfico de personas ni de su blanqueo» y que tampoco van «a blanquear las políticas de acogida de inmigrantes ilegales que generan e incrementan las muertes en el Mediterráneo». Martínez se ha dirigido a los socialistas diciéndoles que le pidan «a su amigo el rey de Marruecos que todos esos millones que invierten en armarse los utilice para atender a sus ciudadanos y a sus menores» y les ha acusado de ver «en cada inmigrante ilegal un futuro votante».

Vox ha contado en esta ocasión con el apoyo del PP que, a través de su diputado Ángel Miralles, ha insistido en que «no caben» más menores no acompañados en la centros de atención de la Región. «Estamos acogiendo a un 53% más que en el 2023», ha dicho y ha afirmado que «el Gobierno de España sólo financia un 5%».

Podemos ha presentado una enmienda parcial a la moción socialista y ha agradecido la «valentía» de la diputada socialista Lola Jara al presentarla «entre tanto discurso racista y tanto odio». Así, la diputada María Marín había añadido a la propuesta la solicitud de «un reparto solidario entre las comunidades, proporcional a la población y a la renta per cápita de cada región» que no ha salido adelante al rechazarse la moción socialista.

PP y Vox han votado de nuevo también para rechazar una moción del PSOE presentada por Alfonso Martínez Baños sobre las comunidades energéticas locales en la que se pedía «legislar declarando su utilidad pública, establecer líneas de ayuda, una declaración fiscal para las familias que participen en una, financiar las oficinas de transformación comunitaria, concienciar a la ciudadanía e impulsar campañas de fomento en los municipios de la Región».

Desde Vox se han mostrado en contra de esta moción asegurando que, aunque estas comunidades «pueden llegar a ofrecer beneficios, no es la solución». Así, su diputada, Eugenia Sánchez, ha pedido al PSOE que «dejen las políticas energéticas ideológicas que se alejan del interés nacional y que perjudican gravemente a los españoles».

Desde Podemos, Marín ha señalado que «estas entidades locales, no persiguen obtener ganancias financieras, sino el autoabastecimiento y la sostenibilidad, y avanzar hacia una mayor democracia energética».

Así, desde el PP, la diputada María Casajús ha señalado al PSOE que el ejecutivo autonómico colabora con labores de difusión y que su moción pide al Gobierno regional «financiar con fondos propios a aquello que el Gobierno de la Nación está financiando con fondos europeos». A lo que Martínez Baños ha señalado que «son oficinas que ha creado el Gobierno de España financiadas con fondos europeos a los que ustedes pusieron pegas para que no vinieran a España».

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