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El Gobierno regional abrió este miércoles por primera vez la posibilidad del próximo cierre del centro de menores extranjeros de Santa Cruz (Murcia), que es una de las exigencias de Vox para aprobar los Presupuestos de la Comunidad y dar estabilidad a la legislatura de López Miras.
La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, aseguró en la Asamblea que el centro de atención social de la pedanía murciana «no tiene cabida en el modelo de acogida y acogimiento residencial, que no es otro que nos marca Europa, Unicef y el Gobierno de España».
Ruiz respondía así a una pregunta de la diputada del PSOE Lola Jara sobre la previsión de la Consejería sobre el centro de menores no acompañados en la sesión de control al Ejecutivo que tiene lugar en la Cámara autónoma. «El centro de Santa Cruz se diseñó para una primera acogida de forma temporal, pero hoy acoge a sesenta menores en estancias prolongadas. No es esto lo que quieren la UE, Unicef y la ministra de Infancia», que según la consejera apuestan «por una transformación de la atención a los menores, tanto españoles como extranjeros, centrada en el bienestar del menor, su desarrollo emocional, en entornos seguros y adecuados a su edad».
La titular de Política Social señaló que nueve entidades de la Región que trabajan en el ámbito de la atención a migrantes han readaptado ya sus instalaciones al nuevo modelo que busca crear lugares «con estructura de hogar y estancias cortas», mientras que otras avanzan en ese sentido. «El centro de Santa Cruz no responde a ese modelo», manifestó.
Aunque la consejera indicó que el Gobierno regional continuará cumpliendo sus obligaciones de atención y acogida a inmigrantes, se trata de un paso más del Ejecutivo de López Miras para cerrar el acuerdo presupuestario con Vox y dar estabilidad a la legislatura. Hasta el momento, desde la Comunidad nunca se había planteado la posibilidad de un cierre de este centro.
Desde Vox, rechazaron dar su opinión sobre las palabras de la consejera de Política Social, Familias e Igualdad en las que abrió la puerta al cierre del centro de menores de Santa Cruz en Murcia. Extraoficialmente, fuentes del partido apuntaron que los populares «aún están lejos» de conseguir su voto a favor para las cuentas públicas.
Por su parte, María Marín, portavoz de Podemos, consideró que las palabras de la consejera sobre el centro de menores «es un paso más en la deriva ultraderechista de López Miras». «Tenemos un presidente sin principios, sin palabra y sin escrúpulos», afirmó la portavoz morada, que cree que «Miras es el nuevo Mazón: un animal político dispuesto a todo para seguir en el sillón, también a arrastrarse y humillarse una vez más ante Vox».
En lo que parece que el Gobierno de López Miras no está dispuesto a ceder, por el momento, es en el Programa de Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí, cuya supresión en las aulas de la Región exigen desde el Grupo Parlamentario de Vox.
El consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, respondió a una pregunta al respecto de la diputada socialista María Dolores Martínez Pay, reiterando que este plan «es estatal, por lo que excede las competencias de la Región de Murcia y no tenemos capacidad legal sobre el mismo».
«El programa, que deriva de un acuerdo bilateral entre el Gobierno de España y el Reino de Marruecos firmado en 1980, está implantado desde 2012 en todo el territorio nacional y permanece activo en la actualidad en doce comunidades autónomas, entre ellas la Región», donde el Gobierno regional «no gasta un solo euro del Presupuesto autonómico, ya que su financiación es estatal», recordó el consejero portavoz, quien insiste en que, en este caso, «la Consejería de Educación, como no puede ser de otra manera, se limita a cumplir con las obligaciones legales que emanan de dicho tratado internacional».
Por su parte, el PSOE preguntó asimismo por «la condena» al Pacto Verde Europeo por parte del PP, dentro del cortejo a Vox para la aprobación de los Presupuestos.
La diputada Carmina Fernández recordó al Ejecutivo que existen al menos 160 millones de euros vinculados a este marco europeo en la Región, incluyendo fondos para zonas de bajas emisiones, autobuses eléctricos, retirada de amianto, recuperación del Mar Menor, agricultura ecológica, regadíos o autoconsumo.
El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, matizó que el Gobierno regional «ha gestionado siempre con responsabilidad los fondos europeos» y recordó que muchos de los programas en cuestión, como el programa Life, «existen desde hace décadas y no pueden asignarse exclusivamente al actual Pacto Verde».
Vázquez subrayó que la UE está actualmente revisando aspectos de sus políticas climáticas. «En febrero, se presentó la propuesta ómnibus para reducir el alcance de algunas directivas, y el Parlamento Europeo votó a favor de aplazar la implementación de varias medidas», indicó.
La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, María Isabel López, anunció este miércoles el inicio de los trámites del decreto autonómico que permitirá implementar la fase nacional del nuevo sistema europeo de registro de indicaciones geográficas (IG) para productos artesanales e industriales. En una respuesta a Vox, Aragón señaló que la consulta pública previa al decreto ya está abierta y permanecerá activa hasta el 21 de abril. La consejera indicó que, tras este trámite, su departamento tiene previsto redactar el borrador del decreto entre los meses de mayo y junio. Posteriormente, se abrirá un periodo de audiencia pública y se recabarán los informes y dictámenes de los órganos consultivos y jurídicos competentes.
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