Miras reclama un marco legal para restricciones tras el estado de alarma

El Gobierno de Pedro Sánchez insiste en que no prorrogará el estado de alarma más allá del 9 de mayo y la mayoría de comunidades exigen tener un marco jurídico especial ante la duda de que el ordinario sea insuficiente para sostener las medidas restrictivas y cierres perimetrales que dispongan a partir de esa fecha. Entre ellas está la Región de Murcia, cuyo presidente, Fernando López Miras, exigió este miércoles respaldo adecuado para tomar decisiones a partir de entonces. En respuesta a la pregunta del portavoz de su grupo parlamentario, Joaquín Segado, en un pleno de control al Ejecutivo, advirtió de que la situación, sin sustento legal, «no es seria ni es eficaz». Así que dijo que espera que Sánchez establezca un plan jurídico alternativo para afrontar la situación a partir del 10 de mayo. De lo contrario será más difícil controlar el virus, coincidió con Segado.

El jefe del Consejo de Gobierno despachó en cincuenta minutos la primera sesión plenaria con preguntas de los portavoces convocado tras la fallida moción de censura de marzo. Como consecuencia del nuevo equilibrio de fuerzas surgido de esa crisis política, en vez de pleno de control a López Miras pareció más uno de crítica al portavoz socialista y secretario general del PSRM, Diego Conesa, que vio cómo las embestidas a la hora de justificar las preguntas no venían solo de Segado, como era previsible, sino también de los portavoces de los grupos parlamentarios Ciudadanos y Vox, Francisco Álvarez y Juan José Liarte, respectivamente.

El primero de ellos se interesó por las acciones previstas ante el anuncio del Gobierno de España de impulsar una reforma fiscal «que desembocará en subida de impuestos como los de sociedades, sucesiones y patrimonio». La cuestión planteada por Álvarez dio pie a López Miras a declarar que la Región seguirá siendo un «referente de libertad económica» y que «no vamos a permitir una subida de impuestos» por parte de Moncloa. En ese contexto, el presidente recordó que la rebaja de los tributos de sucesiones y donaciones acometida hace tres ejercicios por su Ejecutivo ha permitido un ahorro de mil millones de euros a los murcianos. También la reducción del tramo autonómico del IRPF logró en 2019 un ahorro de diez.

Juan José Liarte inició su pregunta sobre el futuro del Trasvase con una felicitación al presidente por su gestión de la moción de censura salvada precisamente con su apoyo y el de los otros dos diputados expulsados del partido de Santiago Abascal. Asimismo, le advirtió de que en este asunto «no puede contar con el PSOE», a lo que López Miras replicó con un rosario de argumentos sobre las consecuencias negativas que tendría para la Región elcierre del acueducto Tajo-Segura por parte de la administración socialista, resumidas en que «miles de familias lo pasarán mal». Entre los peores efectos destacó un encarecimiento del 30% de la factura del agua.

La diputada de Podemos y portavoz del Grupo Mixto, María Marín, fue la más hostil con López Miras y denunció el «vergonzoso baño de espuma de su portavoz y sus otros dos portavoces» durante la sesión. En ella cuestionó al presidente por el incumplimiento de las normas sanitarias contra la Covid-19 en el ámbito de la hostelería. Realmente, su pregunta buscó reprender al presidente porla polémica foto que le tomaron con seis personas más, entre ellas Teodoro García Egea, sentado en una terraza de Murcia el pasado fin de semana. «¿Va a pagar la multa?», insistió Marín, que le brindó la oportunidad de reconocer «el error, pedir perdón y pagar la multa» por, presuntamente, incumplir las normas. Pero no ocurrió nada de eso, por lo que Marín le espetó al presidente que «va bastante corto de agallas y honestidad».

En el punto más controvertido del anodino pleno, López Miras acusó a Podemos de tergiversar la situación, pues en el PP insisten en que las siete personas que aparecen en la foto estaban sentadas en mesas distintas y no hay anomalía alguna. Según el presidente, a quien verdaderamente hace daño Podemos con esas manifestaciones es a los hosteleros, cuya «profesionalidad, honestidad y seriedad» a la hora de cumplir las normas contra la pandemia defendió él. De paso, recordó que el Gobierno regional ha concedido 70 millones en ayudas al sector este último año.

El gran damnificado de la tarde fue el portavoz socialista, Diego Conesa, quien pidió con poca convicción y sin ningún éxito a López Miras conocer qué planes tiene hasta final de legislatura (desde qué leyes pretende aprobar hasta si hará una auditoria de gasto público, pasando por la ausencia de Presupuestos este año) y se encontró con un sopapo del presidente como respuesta. «Me creía que iba usted a pedir perdón por todo lo que ha provocado con la moción de censura», le replicó, olvidando por completo que se trataba de una sesión de control al Gobierno y que los murcianos tienen derecho a saber qué pueden esperar de su gestión hasta 2023.