Coag y UPA consideran que se debe adaptar la ley del Mar Menor a la realidad «sin rebajar la protección del ecosistema»

El presidente de Coag-IR Murcia, José Miguel Marín considera que la ley del Mar Menor se puede «adaptar a la realidad, permitir que los agricultores y ganaderos de la cuenca vertiente del Mar Menor puedan desarrollar su actividad en unas condiciones óptimas», pero que esto se puede hacer sin afectar a la protección del ecosistema.

«Pensamos que rebajar la ley no es sinónimo de bajar el nivel de protección del ecosistema de ninguna manera. Que no se haga demagogia en ese sentido», pidió este jueves durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Generales e Institucionales encargada de la reforma de la ley del Mar Menor.

Marín, que insistió en que es «fundamental sacar de la confrontación política» este asunto, pidió que la demagogia «no sea la compañera de viaje de los análisis que se hagan sobre la propuesta de modificación de la ley».

Durante su intervención, recordó que la ley se ha dirigido exclusivamente al sector agrario, pero que después de esta ley «hay una normativa de aplicación importante». En ese sentido, dijo que estas normas son «de obligado cumplimiento y la ley del Mar Menor no puede ignorarla ni pensar que no afecta a agricultores y ganaderos, razón de más para afirmar que la técnica legislativa de la ley está viciada y pensamos que tenemos que modificarla».

El presidente de Coag en la Región consideró que la ley debería tener un desarrollo reglamentario «ágil y que nos permita adaptarnos a la norma que nos vaya acaeciendo en cada momento».

Explicó que el malestar existente en el sector por la ley «no es porque estos profesionales tengan interés en hacer las cosas mal, sino que responde a que se ha coaccionado la actividad agraria. Se ha demostrado que el articulado no es eficaz, lo único que hace es limitar la producción y poner en una situación muy difícil a agricultores y ganaderos, en unos casos por inseguridad jurídica y, en otros, por absoluta omisión de determinadas cuestiones que son la realidad del campo».

Asimismo, señaló que una de las preocupaciones y retos del sector agrario es «producir alimentos sin contaminar el acuífero. Es una asignatura pendiente que tenemos a día de hoy resuelta, pero si no fuera así, nos han financiado de la fundación biodiversidad un importantísimo estudio», dijo en alusión al proyecto Ferteco que están llevando a cabo y que está dirigido por el Cebas-Csic.

Ante la comisión también compareció el secretario general nacional de UPA, Marcos Alarcón, que manifestó que la sociedad «ha identificado al sector agrario como el responsable exclusivo del deterioro del Mar Menor». A su juicio, la reforma de la ley debe ser una «mejora en la que se visibilice que la recuperación y la protección del Mar Menor es una cuestión que nos atañe a todos». Para él, la modificación de la ley tiene que ser una ley que «no rebaja la ambición de protección, pero tiene que suprimir rigideces que dificultan la aplicación de la ley».

El secretario general de UPA criticó que la ley actual se concretara sin escuchar al sector agrario. Apostó por «una modificación de la Ley que no conlleve rebajar la ambición de recuperación y protección del Mar Menor».

Por parte de los grupos parlamentarios, el socialista Manuel Sevilla se mostró en desacuerdo sobre la propuesta de realizar un desarrollo reglamentario para resolver de manera más ágil todas las cuestiones relacionadas con la agricultura. «Hemos tenido muchos ya en la Región y no han evitado que el Mar Menor llegue a estar en la situación en la que se encuentra», dijo pidiendo que la ley se desarrolle «y se cumpla en su integridad, que es la mejor manera de evaluar lo que funciona y lo que no».

El diputado de Podemos Víctor Egío manifestó que hay una contaminación por nitratos del Mar Menor, «que tiene fuentes diversas, una de ellas tiene su origen en el sector agrario. Nosotros votamos en contra de la ley porque nos parecían insuficientes los mecanismos para hacer que se cumpliera, pero ahora tenemos un completo negacionismo ambiental por parte de otras organizaciones, fundamentalmente la Fundación Ingenio. Para nosotros la solución es ver cómo encarar el problema de forma equilibrada».

Desde VOX, Antonio Martínez advirtió que hasta ahora la ley del Mar Menor «ha sido el pretexto para formar un consejo de guerra permanente contra los agricultores de la Región formulado por la izquierda y la ultraizquierda. El sector primario es la primera víctima de una ideología de odio», dijo.

Finalmente, el diputado del PP Jesús Cano dijo que «seguramente se puedan introducir mejoras o cambios en la ley para que sea más eficaz y que normativas de distinto rango no colisionen con la ley del Mar Menor». El parlamentario señaló que es «necesario armonizar la legislación para que eso contribuya a una mayor eficiencia».

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