La Diócesis prohíbe a los clérigos cerrar las puertas de las sacristías y catequesis si hay menores

Las puertas de todas las sacristías, despachos eclesiales y aulas de catequesis tendrán que están abiertas cuando dentro haya un menor o adulto vulnerable. Estos, además no podrán entrar en la casa parroquial o el domicilio particular de un clérigo o laico en la Región de Murcia sin que tenga consecuencias para los mismos, salvo que lo hagan acompañados de un adulto. Los religiosos pertenecientes a la Diócesis de Cartagena tampoco podrán transportar a solas a menores, ni sentarse a su lado en medios de transporte colectivos, dormir en la misma habitación o pedirles que guarden un secreto.

Estas son solo algunas de las medidas contenidas en el nuevo protocolo para luchar contra los casos de abusos sexuales anunciadas este lunes por el obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, que es ya de obligado cumplimiento «para todos» los que forman parte de las actividades de la Iglesia en la Región de Murcia.

El obispo, acompañado por el delegado para la Protección del menor y de los adultos vulnerables y vicario Judicial, Gil José Sáez Martínez, presentó el documento para velar por la «prevención, actuación y reparación de abusos sexuales», que ha sido elaborado por todos los miembros de la Delegación episcopal para la protección del menor y los adultos vulnerables de la Diócesis, que detalla los comportamientos a evitar y las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento.

El protocolo se inicia con el decreto de promulgación del mismo por parte del obispo el pasado día 28 de febrero, desde el cual se encuentra vigente, y llega con cuatro tareas básicas a cumplir: la acogida y escucha de las víctimas; la prevención del abuso sexual; la respuesta ante la sospecha o revelación de un abuso sexual; y la ayuda y reparación a las víctimas.

En el capítulo dedicado a las conductas vinculantes y sanciones para clérigos, religiosos y laicos de la Diócesis, el protocolo detalla los comportamientos que son objeto de sanción eclesial al margen de las actuaciones previstas en la legislación nacional y europea. Los clérigos tienen prohibido hacer depositarios de las llaves de la parroquia a un menor o persona vulnerable; también realizar actividades no programadas por la parroquia o la Diócesis, o por institutos religiosos, sociedades de vida apostólica, movimientos eclesiales y prelaturas». Además, entre otros asuntos, el documento establece que las muestras físicas de afecto deben realizarse «con mesura y ser apropiadas a la edad del menor».

Otro punto novedoso del protocolo es el que determina la prohibición de «dejar el teléfono móvil o tablet» a un menor, así como facilitarle el número de teléfono, correo electrónico o contacto en cualquier red social. También establece la obligatoriedad de que «cualquier comunicación para una actividad pastoral» se realice directamente a los padres.

El documento establece también que los sacerdotes, religiosos y religiosas diocesanos tendrán que presentar «a partir de ahora el certificado negativo de delitos sexuales y una declaración jurada» donde se acredite el conocimiento de las normas de la diócesis y las leyes del Estado español, según detalló Gil Sáez.

Asimismo, señala que, cuando la Diócesis tenga conocimiento o sospecha de un caso, deberá iniciar una reparación que, según explicó el delegado para la Protección del menor, deberá ser integral y «no solo económica».

«Con el propósito de que todos los que interactuamos en la Diócesis con menores de edad o con adultos vulnerables nos tomemos con absoluta seriedad los pasos destinados a prevenir este crimen y actuar ante estos delitos y reparar o a aliviar las heridas que estos actos siempre producen en las personas, encomendé a los miembros de esta delegación episcopal la elaboración de un protocolo integral para la defensa de la dignidad de los menores y de los adultos vulnerables», señaló el obispo, que explicó que este protocolo tendrá una vigencia inicial de tres años.

En cuanto a la posibilidad que las acciones prescriban a efectos de sanciones eclesiales, habrá diferencias según la fecha de los hechos. Si los delitos fueron cometidos después del 21 de mayo de 2010, no será hasta que transcurran 20 años de que la víctima cumpliera la mayoría de edad, cuando se consideren prescritos. El periodo se reduce a cinco años si sucedieron antes del 30 de abril de 2001, y a diez si se cometieron entre esa fecha y el 20 de mayo de 2010.

El documento se vertebra en catorce puntos en los que se explica qué es este protocolo; los conceptos de abuso físico, sexual y de poder a un menor; quién es un adulto vulnerable; la legislación del Código Penal Español, de las Naciones Unidas y de la Unión Europea al respecto; el procedimiento penal estatal para enjuiciar abusos a menores y a adultos vulnerables; la legislación penal y procesal canónica sobre estos delitos y cómo son los procesos canónicos para enjuiciar abusos para el clero diocesano, para los miembros de los institutos religiosos, sociedades de vida apostólica y laicos. Además, aborda cómo es el proceso de acogida y escucha a las víctimas; de qué manera llevar a cabo la prevención; cómo actuar ante un caso; la reparación a las víctimas; y cómo tratar la documentación de las denuncias.

Las sanciones recogidas en el protocolo pueden ir, dependiendo de la gravedad de la conducta, desde la amonestación a la suspensión del oficio. En caso de que el comportamiento suponga un delito, las sanciones serán las establecidas en el Código de Derecho Canónico y la Diócesis comunicará los hechos a la Fiscalía.

El documento, «similar al de las otras 70 diócesis», se cierra con un formulario que deberán rellenar todos los sacerdotes, religiosos y laicos que tengan trato con menores en su labor pastoral o asistencial para sellar su compromiso con el reglamento. «Dios quiera que no tengamos que aplicarlo muchas veces», afirmó Gil Sáez.

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