El dilema del primer macrojuicio en tiempos de Covid

El calendario de la Audiencia Provincial tiene fijada para el próximo martes una fecha importante: el arranque de la vista contra Pedro S. G., alias 'El Karateka', y una treintena de miembros de su presunta organización, dedicada al tráfico de marihuana. El primer macrojuicio de la Región en tiempos de pandemia, con el contagio de alguno de sus implicados como telón de fondo, ha generado un aluvión de dudas respecto a los riesgos que supondría su celebración y si estos justifican una suspensión o aplazamiento.

Las defensas del caso han solicitado por activa y por pasiva a la Sala que aplace la vista ante el riesgo que, entienden, supone enclaustrar a más de 60 personas, durante cuatro o cinco horas al día, en un espacio cerrado. Mariano Bo, uno de los abogados defensores, recalca en un escrito que «lo que nadie puede sostener es que la celebración del presente procedimiento no sea la asunción de un riesgo evidente e innecesario para la salud de todos los intervinientes».

Ante las múltiples solicitudes presentadas estos días por las defensas, el tribunal dictó un oficio urgente al Instituto de Medicina Legal (IML) de Murcia para recabar su opinión al respecto. Este concluyó que el juicio podría comenzar el próximo martes pese a la crisis derivada de la Covid-19 y al positivo de alguno de sus implicados. Su director, Rafael Bañón, explicó que, a día de hoy, la asistencia a actos sociales se encuentra limitada a una ocupación máxima del 75% del aforo del local donde se celebre y con un máximo de 100 personas tanto si es en local cerrado o al aire libre, por lo que, estimó, «la celebración de un evento de estas características sería posible de acuerdo a la normativa».

Este organismo remarcó, no obstante, que algunos aspectos, como la duración de las vistas, podrían elevar el riesgo. Incidió, no obstante, en la pertinencia de que se pongan sobre la balanza numerosos aspectos –y no solo el aforo– para valorar el riesgo del macrojuicio. Entre otros, cita la necesidad de tener en cuenta las aglomeraciones en entradas, salidas, baños, barreras...; el origen de los participantes en el evento; la posibilidad de mantener la distancia de seguridad en todo el local y durante todo el tiempo de duración del acto; la movilidad de los asistentes dentro de las instalaciones...

Bañón aconsejó que se inicie un procedimiento de valoración de los riesgos de propagación del virus antes de decidir si esta esperada cita debe o no celebrarse. En base a los resultados de ese análisis, se establecería una gradación del riesgo. En el caso de que sea alto o muy alto, el IML aconseja cancelar o posponer el juicio. Si se considera moderado o bajo se podría seguir adelante adoptando restricciones.

El letrado Pablo Martínez, a tenor de este informe, reclamó a la Sala que ordene ese procedimiento de valoración de los riesgos y que, como mínimo, aplace la vista hasta su realización.

A través de una providencia, sin embargo, la Sala señaló hace unos días que las peticiones de las defensas serán resueltas el martes en el propio acto de la vista. Una resolución que, de forma inusual, va firmada por los cinco magistrados.