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Jueves, 19 de septiembre 2024, 12:06
El Fiscal Superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, mostró este jueves su preocupación, tras la presentación de la memoria de la actividad de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma correspondiente al año 2023 en la Asamblea Regional, por el incremento de los delitos cometidos por menores.
Dichos delitos, dijo «han aumentado con el uso de las nuevas tecnologías» y se refieren a delitos de acoso en el ámbito escolar, y de acoso sexual, como el 'sexting', el 'child grooming' o el bullying, por ejemplo que derivan, ha apuntado «de la demasiada facilidad de acceso a Internet a través de las nuevas tecnologías», para lo que advirtió que es necesaria una regulación, «me consta que el Gobierno nacional está elaborando una ley al respecto».
Asimismo, detalló que también se mantiene un elevado número de causas en relación con los ciudadanos extranjeros, como el delito de trata de seres humanos. En 2023 se incoaron 30 procedimientos en este sentido.
Asimismo, a nivel general, en la memoria de la fiscalía se refleja un gran número de sentencias que superan las 9.000, aunque se advierte «que han disminuido con respecto al año anterior. El 94% de las sentencias dictadas han sido conformes a la petición del fiscal en todo o en casi todo, por lo que coinciden en el criterio de interpretación de la ley tanto el juez como el fiscal», aseguró.
Por otro lado, sobre el caso de los empresarios acusados de estar implicados en una red de prostitución con menores de edad, Díaz Manzanera avanzó que la semana que viene tendrán una Junta para abordar lo relacionado con la posibilidad de suspensión de la condena, es decir, si se va a cumplir la condena en prisión o se les suspende. «Por supuesto, la decisión última la tienen los magistrados», dijo.
«En la junta no solo se va a tocar ese asunto, sino también lo relacionado con las conformidades y a su vez lo relacionado con la posibilidad de suspender o no las condenas en función de las circunstancias que se den. En este caso, una circunstancia que se da y es importante es que eran víctimas menores, por lo que se valorará todo en su conjunto y la posibilidad de que esas conformidades a nivel interno estén controladas por parte de determinados fiscales y tengan la seguridad de que las conformidades a las que se llegan están dentro de la estricta legalidad, aunque algunas puedan parecer justas o no», dijo.
Díaz Manzanera señaló, además, que el 87% de las sentencias dictadas en 2023 han sido de conformidad, «la conformidad es algo que existe en toda España y dentro de los límites legales».
El PSRM-PSOE también se pronunció este jueves sobre la primera sentencia del 'caso Topillo', que impone un año de prisión y el pago de unos 18.000 euros a un empresario agrícola por vertidos de nitratos al Mar Menor desde una desaladora ilegal de La Puebla (Cartagena) entre 201y 2017. «Lo que queda claro es que en la Región de Murcia cada vez sale más barato contaminar. Al final, el mayor perjudicado siempre es nuestro medio ambiente y en este caso el Mar Menor», indicó un portavoz de los socialistas murcianos. Y añadió: «Por lo tanto, desde el PSOE defendemos que no se modifique la Ley del Mar Menor como pretenden PP y VOX y que no se rebajen las medidas contempladas en la Ley para proteger y regenerar el Mar Menor. No vamos a consentir ni un paso atrás en la protección del Mar Menor y de nuestros espacios naturales, tan castigados por 30 años de gobiernos del PP».
La portavoz del Partido Popular de la Región de Murcia, Miriam Guardiola, aseguró este jueves que «Pedro Sánchez tiene abandonada a la justicia en la Región de Murcia, faltan más jueces y fiscales». De hecho, «tiene abandonado en un cajón el Pacto Regional por la Justicia. Un pacto que sacó adelante el Gobierno de López Miras y que aprobó la Asamblea Regional con la negativa del PSOE y Podemos».
En esa línea, Guardiola lamentó que para el presidente del Gobierno, «la justicia no importa», y añadió que «una justicia tardía es otro tipo de injusticia», por lo que «sin agilidad ni eficacia, quienes sufren las consecuencias son nuestros ciudadanos».
«A pesar del gran trabajo que hacen todos los agentes de la Administración de Justicia, faltan recursos humanos y materiales», denunció la portavoz. «La Región de Murcia sufre una infradotación de medios y, así, la Administración no puede funcionar bien, de manera digna y en condiciones».
Guardiola recordóque «seguimos a la cola de España en cuanto a número de jueces y fiscales». «Es competencia del Estado dotar de recursos y equipararnos al resto de comunidades autónomas».
La portavoz manifestó que la justicia «es un instrumento y una herramienta de cohesión social que corrige las desigualdades, que garantiza los derechos y libertades públicas y también es una piedra angular de nuestro Estado social». De hecho, el pacto regional ha contado siempre con una «altísima participación ciudadana, respaldado por la sociedad civil y abierto a todos los grupos parlamentarios».
El año pasado, en la apertura del año judicial, las autoridades pidieron el aumento de medios personales y materiales. «Los ciudadanos de la Región tienen asignados 10 jueces por cada 100.000 habitantes mientras que Asturias dispone de casi 15 jueces por el mismo número de habitantes, 14 Cantabria o 13 Castilla y León», indicó Guardiola.
La Fiscalía de la Región de Murcia es la primera en carga de trabajo y la décima en número proporcional de fiscales, siendo también la primera en ratio fiscal-población. «Faltan, al menos, unos 15 fiscales para equipararnos a la media nacional», aseguró Guardiola. En cuanto a funcionarios, la Fiscalía de la Región «es la peor dotada de España, con una ratio funcionario-fiscal de 0,45, cuando hay Fiscalías que tienen una ratio de 1 funcionario por fiscal y la Región cuenta con la ratio más baja de todo el país».
Guardiola puso un ejemplo, y es que los juzgados de lo civil «tardan más de 10 meses en resolver un asunto en primera instancia, muy por encima de la media nacional, que se encuentra en 7,4 meses, y muy lejos de Asturias, Navarra, La Rioja o Aragón, donde tardan menos de la mitad, entre 4 y 5 meses».
La portavoz del PPRM señaló que «no es justo que el Gobierno de España, que es quien tiene las competencias, y quien lleva ya 6 años gobernando, tenga la Administración de Justicia olvidada y no atienda las reivindicaciones de la Región, lo que está perjudicando a los ciudadanos». «Debemos reivindicar ante el Ministerio de Justicia una mayor dotación de recursos que nos iguale al resto de comunidades autónomas, por eso, Pedro Sánchez tiene que sacar el Pacto Regional por la Justicia de un cajón», concluyó.
«A estas horas nadie duda de que hay una justicia para ricos y otra para pobres, una justicia ecocida además de machista y patriarcal», señaló la diputada de Podemos Maria Marín tras el encuentro con el Fiscal Superior en la Asamblea.
Marín declaró que «como todo el mundo sabe, la Fiscalía ha sido protagonista de los últimos acuerdos de conformidad que libran de la cárcel a varios empresarios». La diputada de Podemos añadió que «hoy he trasladado al Fiscal mi repulsa por este apaño y la indignación de miles de personas que no entienden esta situación».
Según ella, en todos los casos «se repite un patrón: dilaciones y rebajas de penas a cambio de multa. Decía Solón que las leyes son como telas de araña, que solo atrapan a los débiles y dejan pasar a los más poderosos y en ningún sitio se ve más claro que en esta Región». Para Marín, «a estas horas nadie duda de que hay una justicia para ricos y otra para pobres, una justicia ecocida además de machista y patriarcal».
Desde Podemos tienen «muy claro» que «la única solución es la movilización». «Lo hicimos contra la sentencia de la Manada, lo hemos hecho también en defensa del Mar Menor y lo tenemos que volver a hacer», subrayó Marín. «La sociedad avanza y lo ha hecho siempre frente a las togas reaccionarias. Lo vivimos con el aborto, con la ley de violencia de género, con el consentimiento sexual y a las mujeres especialmente solo nos queda luchar», concluyó.
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