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Las tensiones cada vez mayores entre las regiones cedentes y receptoras del Trasvase Tajo-Segura han colocado en el epicentro de este conflicto a la ... presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien hasta ahora parecía navegar entre dos aguas pero que se ha decantado finalmente por apoyar la causa de sus compañeros López Miras, Carlos Mazón y Juanma Moreno. El anuncio de los presidentes de Murcia y Valencia de que la Comunidad de Madrid, ribereña del Tajo, suscribe la propuesta técnica favorable al Trasvase, ha acrecentado las suspicacias del Ejecutivo de Emiliano García-Page, el cual ya estaba en guardia contra el fortalecimiento del frente levantino y la pretensión de minimizar el impacto de los caudales ecológicos en las transferencias al Segura.
El equipo de García-Page ha reaccionado por partida doble: considerando una «ofensa» que tenga que dar cuenta del uso que hace del agua del Tajo, como piden las otras regiones, a la vez que trata de convencer a Díaz Ayuso de que su lugar en materia de agua está junto a Castilla-La Mancha. En medio de este fuego cruzado sobre el Trasvase, la presidenta madrileña aún no ha abierto la boca públicamente para hablar del Tajo.
El Ministerio para la Transición Ecológica guarda silencio en esta nueva batalla territorial por el cambio de las reglas de explotación, que tiene unos límites, ya que 'a priori' no se puede tocar lo que venga recogido por ley, como por ejemplo modificar el umbral de reservas no trasvasables de 400 hectómetros. A este paso, la adaptación de las reglas a los caudales ecológicos no verá la luz hasta el otoño, y todo apunta a que no habrá concertación ni acuerdo de mínimos entre Castilla-La Mancha y las demás regiones. En este escenario, el gobierno de Extremadura aún no se ha pronunciado, pese a la importancia que tiene el Tajo para esta comunidad.
Mientras tanto, no se sabe cuándo abandonará Teresa Ribera el Ministerio, una vez decidido que encabezará la lista del PSOE al Parlamento Europeo, con el objetivo puesto en el cargo de comisaria de Energía.
La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, consideró ofensivo para su comunidad que tenga que dar explicaciones del uso que hace del agua del Tajo. Puso en valor que Castilla-La Mancha lleve siendo solidaria más de 40 años «y que lo vamos a seguir siendo porque jamás hemos negado el agua para beber».
Apostilló que a la Comunidad de Madrid «le interesan las mismas cosas que a Castilla-La Mancha; que haya caudales ecológicos y que desaparezca el Trasvase, y sin embargo se ha unido a los intereses del Levante porque sus intereses son políticos». También mostró su sorpresa por el hecho de que el PP en Castilla-La Mancha mantenga «un silencio» respecto a la posición de Madrid, Murcia, Valencia y Andalucía. Los populares castellanomanchegos contestan que defienden «con la boca bien grande» el agua primero para su región y luego la solidaridad con otras comunidades. El diputado autonómico Nacho Redondo recordó que hace dos semanas en las Cortes regionales se alcanzó un consenso con el PSOE al respecto.
Las propuestas técnicas presentadas por el Gobierno de Castilla-La Mancha para la reforma de las reglas de explotación del Trasvase consideran que el umbral no trasvasable de 400 hectómetros cúbicos en los embalses de Entrepeñas y Buendía «debería elevarse significativamente», por encima de los 500. No obstante, el mismo documento refleja que este aspecto de la norma no puede ser objeto de una modificación reglamentaria, ya que excedería los límites marcados por el real decreto del año pasado, por el que se aprobó el Plan del Tajo. El umbral de 400 hectómetros está expresamente indicado en una ley y haría falta otra para cambiarlo.
Las alegaciones se basan fundamentalmente en que se tienen que respetar en todo momento «las disposiciones relativas al establecimiento de caudales ecológicos», objetivo que requiere «que haya más agua desembalsada por los embalses de cabecera», explicó la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez. Indicó que esos caudales ecológicos incrementarán a su paso por Aranjuez un 44 % el volumen de agua que ahora está pasando, en Toledo un 72,5% y en Talavera de la Reina un 80% con fecha de 2027.
Asimismo, el Gobierno de García-Page propone que los desembalses en el Nivel 3 sean «muy inferiores a los actuales» porque provocan impactos negativos en los municipios ribereños y limitan los usos y demandas de la cuenca cedente. Considera que la cuenca del Guadiana debe tener prioridad sobre la del Segura y que la cabecera del Tajo también debe garantizar las demandas de Talavera de la Reina. También argumenta que, debido al cambio climático, Castilla-La Mancha «se enfrenta ahora a una situación de mayor vulnerabilidad en comparación con las regiones receptoras del trasvase» porque estas disponen de plantas desaladoras.
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