Así desveló LA VERDAD un proyecto ruinoso que le estalló a la Comunidad

José Manuel Ferrer, en aquel momento gerente del Ente Público del Agua (EPA), el organismo creado por el Gobierno regional para dar cobertura a la operación a través de la sociedad pública Desaladora de Escombreras, confesó a esta Redacción que la Comunidad no podía hacer frente a los pagos de la desaladora, cuyo coste final alcanzaría los 600 millones de euros en el año 2034 con los contratos de arrendamiento y explotación del entramado societario. A partir de ahí se desencadenaron los acontecimientos, que empeoraron la situación para el Gobierno regional conforme se iban conociendo los detalles.

El gerente expresó que esta desaladora iba a «ser rentable» desde el punto de vista social y de explotación, vendiendo agua a 26 ayuntamientos para sus desarrollos urbanísticos. Eran sus clientes potenciales, pero pronto se comprobó que no fue así. José Manuel Ferrer, que heredó la patata caliente del anterior gerente Amalio Garrido, reveló asimismo que iban a renegociar el contrato con Hydro Management (participada en un 80% por ACS, y el resto por empresarios de la Región) para reducir el coste en un 40%. Añadió que los propietarios habían intentado incluso vender sin éxito la planta a unos inversores australianos, otra prueba de que el proyecto se hundía cuatro años después de que se pusiera en explotación con un bajo rendimiento.

El Tribunal de Cuentas ya había advertido de que la desaladora estaba infrautilizada, y reprochó que se subvencionara hasta en un 95% el coste de producción del agua al municipio de Cartagena. Y los siguientes informes fueron más insistentes y demoledores, así como los que emitieron la Intervención General, los Servicios Jurídicos de la Comunidad (en su momento) y posteriormente la Fiscalía del TSJ.

La segunda detonación, con una onda expansiva mayor, se produjo en noviembre de ese mismo año 2013, cuando LA VERDAD publicó que Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, reclamaba en los tribunales la resolución del contrato y el cobro de 600 millones de euros en concepto de rentas futuras. Tal eran las cláusulas y los compromisos. Hubo un acuerdo que salvó esa situación,

Lo sorprendente fue que esta 'bomba' venía recogida en la ley de Presupuestos de la Comunidad para el año 2014. En la memoria sobre la desaladora de Escombreras, la propia Administración regional reconocía que durante años no se había pagado a Hydro Management las cantidades acordadas en el contrato. Se supo entonces que dicha demanda contra la sociedad pública Desaladora de Escombreras había sido presentada el año anterior, después de numerosas advertencias de los inversores privados. Asimismo, había otra demanda por impago de Tedagua, también del grupo ACS, encargada de la explotación y mantenimiento de la planta.

Con las alarmas encendidas, el escándalo le estalló al Gobierno regional. Al parecer no se había tomado la molestia de leer su propio anteproyecto de Presupuestos, que explicaba con pelos y señales, confesión incluida, lo que estaba ocurriendo.

Un portavoz del Ejecutivo de Valcárcel respondió que el asunto estaba en vías de «negociación y solución», a la vez que explicó que los 600 millones de la desaladora se pagarían en un periodo máximo de amortización que abarcaba hasta 2034. Añadió que se sufragaba igual que el resto de infraestructuras hidráulicas, como las que construía el Ministerio. Y reiteró que el Ente Público del Agua se creó para garantizar el suministro a los ayuntamientos ante la incertidumbre que generaba la política hídrica de Rodríguez Zapatero y Cristina Narbona.

Previamente, en junio de ese año 2014, el Tribunal de Cuentas recalcó en otro informe que la sociedad pública y su empresa instrumental Hidronostrum estaban «incursas en disolución por pérdidas». El Grupo Parlamentario Socialista solicitó la creación de una comisión especial de investigación en la Asamblea Regional en torno a esta «ruinosa inversión», que promovió el Gobierno regional. Dicha comisión tuvo que esperar a la siguiente legislatura.

A partir de ese momento, el Gobierno regional hizo todo lo posible por eliminar o revisar a la baja los contratos de la desaladora. Valcárcel se reunió en Madrid con Florentino Pérez para buscar una solución y negociar la compra de la planta. El expresidente lo relató así en una entrevista que concedió a esta Redacción en septiembre de 2019: «Fue en noviembre de 2013. Juan Bernal me llamó al ver la noticia, y nos reunimos en Madrid con Florentino Pérez, que nos ofreció comprar la desaladora. Pedimos permiso a Cristóbal Montoro para que, si lográbamos un préstamo, no computara como deuda. El Ministerio dio su autorización. Yo ya me había marchado, pero quedó todo encauzado. Garre (que le sucedió) no hizo gestiones, sino que creó conflicto y confusión. Para llevar al fiscal papeles. Me parecía de risa».

Valcárcel añadió que el Ente se aprobó en la Asamblea sin ningún voto en contra; dijo que la desaladora no era un despilfarro, y que ponía la manos en el fuego por el exconsejero Antonio Cerdá.