Despliegue policial por las 4 reclusas acusadas de la violación de otra presa

La comparecencia ayer en la Audiencia Provincial de cuatro mujeres, acusadas todas ellas de la agresión sexual a una interna del centro penitenciario de Campos de Río, se celebró entre fuertes medidas de seguridad para prevenir cualquier incidente, tanto por la especial conflictividad de alguna de las encausadas como por las cuentas pendientes que mantienen entre ellas y que hacían temer que se produjeran enfrentamientos. Hasta cuatro agentes de la Policía Nacional vigilaron estrechamente, en todo momento, a las cuatro procesadas, que fueron citadas ante el tribunal para valorar si había alguna opción de dictar una sentencia de conformidad; esto es, de que se alcanzara un acuerdo entre las defensas y la Fiscalía que permitiera imponerles unas penas sin necesidad de que se celebrara el juicio.

Sin embargo, la postura del representante del Ministerio Público fue de total oposición a la posibilidad de cerrar una conformidad, debido principalmente a la extrema gravedad de los hechos de los que vienen siendo acusadas estas cuatro mujeres. En concreto, la acusación pública les pide unas penas totales de 56 años de prisión y el pago de una indemnización de 3.000 euros por la presunta agresión sexual a una reclusa de Campos del Río con la que compartían estancia en ese centro penitenciario.

Los hechos se produjeron en la tarde del 3 de enero de 2019, cuando las mujeres atrajeron a la víctima hacia unos aseos del patio y presuntamente una de ellas le introdujo los dedos en la vagina en busca de droga, ya que se sospechaba que llevaba estupefacientes ocultos tras haber mantenido un encuentro vis a vis.

Seguidamente, al no hallarle las drogas, la pusieron en cuclillas y, en apariencia, trataron de hacerla defecar en una bolsa, pensando que quizás las ocultaba en el recto. La providencial intervención de los funcionarios de la prisión, que llamaron a una de las presuntas agresoras a presentarse a un control, habría puesto término a las vejaciones.

La principal sospechosa es Esmeralda M. M., mientras que sus tres compañeras, Dolores H. M., María M. C. y María Belén M. A., están acusadas de colaborar de forma necesaria para que la presunta agresión sexual se consumara, ya que supuestamente inmovilizaron a la víctima y vigilaron para que nadie pudiera ayudarla.

El fiscal atribuye a las cuatro mujeres los delitos de violación y lesiones y reclama catorce años de prisión para cada una de ellas.

En la actualidad, dos de las encausadas se encuentran en libertad, mientras que las otras dos siguen encarceladas. La enemistad entre estas últimas es, en apariencia, tan intensa que tuvieron que ser conducidas a la Audiencia Provincial por separado.

Melecio Castaño, abogado de Esmeralda M. M., afirmó ayer a LA VERDAD que no se alcanzó un acuerdo, no solo por la gravedad de los hechos que se deben enjuiciar, sino porque las acusadas «niegan de plano los hechos y defienden su absoluta inocencia».

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