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El sector ganadero y su impacto en el medio ambiente es desde hace algún tiempo el foco de conflicto entre las administraciones que deben regularlo ... y las nuevas normativas que pretenden controlar una actividad cuestionada en la Región de Murcia. La Mesa de Ordenación Ganadera de la Comunidad se ha reunido este miércoles para analizar el encuentro que tuvieron la Consejería de Agricultura y la Confederación Hidrográfica del Segura del pasado viernes. Esa cita entre administraciones supondría el punto de partida para intentar que la ganadería no se vea bloqueada por las recientes regulaciones contra la contaminación por nitratos agrarios.
Aquella reunión supuso «sentar las bases y trazar una hoja de ruta para que el sector ganadero pueda seguir trabajando y continuar con su actividad diaria», ha explicado en rueda de prensa la consejera de Ganadería, Sara Rubira, antes de informar a las organizaciones agrarias y cooperativas. De primeras, tanto su departamento como la CHS se han comprometido a «coordinar» sus actuaciones y establecer mesas de trabajo conjuntas, una postura que ha costado alcanzar tras años de desencuentros en la forma de compatibilizar de la actividad ganadera con el medio ambiente.
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La Comunidad tiene cerrados los programas de actuación en zonas vulnerables a los nitratos de la Región de Murcia y del Campo de Cartagena, tras obtener la Declaración Ambiental Estratégica de la Consejería de Medio Ambiente. Este plan condicionará la actividad agrícola y ganadera sobre 9.424 kilómetros cuadrados, el 83,2% de la superficie regional, para intentar reducir la degradación de los acuíferos. Rubira espera que «se pueda publicar en los próximo meses». Tienen de plazo hasta mayo y sus medidas para el campo son similares a las recogidas en la ley autonómica del Mar Menor. Por su parte, la Confederación sigue adelante con su estrategia NitraSegura, donde prohíbe conceder más dotaciones de agua a granjas que quieran ampliar o para nuevas instalaciones, lo que en la práctica impide el desarrollo del sector.
Estas dos actuaciones serán los pilares básicos de la regulación sobre la actividad ganadera para los próximos años, y en el encuentro entre Agricultura y el organismo de cuenca se trató de buscar vías para «dar salida» a los expedientes de ganadería que tramitan ambas instituciones. La ampliación de granjas o la construcción de nuevas pasaría por lograr «la inocuidad de la actividad», es decir, que los ganaderos deberán demostrar que no contaminan el suelo ni los acuíferos. «El presidente de la Confederación nos dijo que, aparte de ir trabajando esto poco a poco en esas reuniones que vamos a tener, tiene que estar ordenada la actividad ganadera» y demostrar «que no percolan» los purines y «que no hay ningún daño al medio ambiente para que puedan seguir los ganaderos con su actividad».
La obligación de impermeabilizar artificialmente todas las balsas de purines y gestionar estos desechos con una empresa autorizada para ello parece que serán las dos medidas clave para tener el visto bueno de la CHS en los expedientes. El sector ha tenido y tiene por delante una adaptación en materia de bienestar animal y lucha contra la contaminación por nitratos que viene exigida desde Europa, y que en España se aplica mediante recientes reales decretos que vigilan la actividad ganadera.
La Confederación vería con buenos ojos que su plan que paraliza nuevas granjas afectara solo al porcino, dejando fuera de la prohibición a cabañas ganaderas como los rumiantes o las aves de corral. «Se va a estudiar y se va a poner encima de la mesa en las próximas reuniones que hagamos», según trasladó el presidente de la CHS, Mario Urrea, a la Comunidad el pasado viernes. La consejera Rubira también demandó otras medidas como permitir que las granjas que hayan cesado su actividad puedan ceder la dotación de agua que tenían aprobada por el organismo de cuenca a otras explotaciones, así como permitir el cambio de uso de una concesión agrícola a ganadera sin que esto implique una ampliación del perímetro de una comunidad de regantes.
Las organizaciones agrarias COAG, Asaja y UPA vienen demandando a la Comunidad que elabore el prometido plan de ordenación del sector porcino, al que se comprometió el presidente Fernando López Miras, así como a iniciar el desbloqueo con una normativa supramunicipal de las granjas limitadas por la expansión de los núcleos urbanos. Por lo pronto, habrá que analizar la nueva reglamentación que llegará con el programa de actuación en zonas vulnerables, que es «como la normativa base a la que se tienen que regir los agricultores y los ganaderos», ha comentado Rubira este miércoles, quien matizó que su desarrollo no implicará «que deban cerrar granjas» en la Región.
«Para que puedan continuar con su actividad se tienen que atender a dos cosas fundamentales, dos puntos principales: que se impermeabilicen artificialmente las balsas y que los purines se lleven a un gestor autorizado para conseguir una ganadería sostenible», ha insistido la titular de Ganadería. Estas medidas, según ha mencionado, no tienen plazo de ejecución por parte de los ganaderos, ya que «poco a poco se van a ir adaptando». La instalación de esas cubiertas en la base de las balsas conlleva una inversión económica importante para las explotaciones.
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