La Delegación insiste en que no hubo carga policial el jueves en las vías

La Delegación del Gobierno aseguró ayer que el dispositivo policial desplegado en la concentración convocada por la Plataforma Pro Soterramiento el jueves por la noche en la orilla de las vías del tren, en Santiago el Mayor, «se desarrolló con absoluta normalidad, sin realizar carga policial alguna ni emplear la violencia para desalojar a aquellos manifestantes que habían invadido el paso a nivel e interrumpido el tráfico ferroviario».

Como consecuencia, la Policía Nacional procedió a la identificación de una docena de personas, sin que se produjeran detenciones. Según pudo saber 'La Verdad', entre los identificados en el informe policial preliminar figuran cinco miembros de la Plataforma, entre ellos su portavoz Joaquín Contreras, los militantes de Podemos José Martínez Coy y Francisca López Labaña, y cinco personas que aparecen vinculadas a grupos de extrema izquierda. La Delegación del Gobierno deberá decidir la próxima semana si presenta denuncia por ocupación de la vía pública contra algunos o todos los identificados.

En una nota, el delegado Antonio Sánchez-Solís recalcó que no se produjo ninguna carga policial, como ya señalaron el jueves desde su departamento. Explicó que sobre las 21.30 horas, ante el despliegue de la Brigada de Seguridad Ciudadana, algunos manifestantes «empezaron a sentarse sobre las vías, momento en que los agentes procedieron a desalojarlos y a ubicarlos detrás del cordón policial para dejar el paso a nivel libre». En ese momento, uno de los concentrados, identificado y conocido de la Brigada Provincial de Información, «lanzó una piedra contra los funcionarios policiales».

En la misma nota, la Delegación señaló que «reconoce, protege y defiende el derecho de manifestación de los integrantes de la Plataforma Pro Soterramiento, especialmente en todas aquellas concentraciones que son comunicadas en tiempo y forma». Sin embargo, aseguró que esto «no ha sucedido estos tres últimos días, en los que ciertas actitudes han comprometido seriamente su propia seguridad y la de los usuarios de los trenes». Advirtió de que es su «obligación garantizar la seguridad de los ciudadanos, y cualquier reivindicación que implique la ocupación de las vías entraña un grave riesgo para su seguridad, incluida y, especialmente, la de esos niños a los que también hemos visto durante estos días ocupar las vías del tren».

Apeló a la responsabilidad de todos aquellos que, con determinadas actitudes, «enturbian y perjudican legítimas reivindicaciones, como puedan ser las de la Plataforma», pero denunció «aquellos actos intolerables de sabotaje, como la quema de maquinaria de Adif o la colocación de piedras y cemento en las vías, circunstancia que podía haber derivado, si no hubiera sido detectada oportunamente por los técnicos, en una tragedia de descomunales proporciones».

Puntualizó que en lo que va de año, 266 trenes han sufrido retrasos como consecuencia de incidencias de orden público por invasión de las vías, lo que ha generado un retraso de más de 58 horas a los usuarios. Desde el 20 de noviembre de 2012, el número de trenes afectados asciende a 2.227.