La Policía Nacional continúa la búsqueda de 15 de los argelinos fugados de la dársena de Escombreras

Un centenar de inmigrantes que llegaron en patera a Cartagena se fugaron durante la noche del martes de la dársena de Escombreras, donde están alojados en tiendas. Después de que los argelinos escaparan, logrando superar al menos el primero de los dos controles con los que cuenta el puerto, se activó un dispositivo policial.

Este grupo de inmigrantes forma parte de los 259 que pasan cuarentena en un hospital de campaña instalado por Cruz Roja por haber estando en contacto con los 34 argelinos que dieron positivo. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana los agentes lograron localizar a gran parte de los fugados. Sin embargo, la Policía Nacional continúa la búsqueda de unos 15 que faltan por devolver al centro donde guardan la cuarentena.

Además, la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, informó este miércoles por la mañana que alrededor de cinco inmigrantes de los que están ingresados en centros hospitalarios también escaparon. Castejón, que no concretó si han conseguido encontrarlos, sostuvo que el pabellón polideportivo de Cabezo Beaza está disponible para cuando el delegado del Gobierno, José Vélez, lo pida. Según explicó, solo sería necesario poner aseos químicos y hacer alguna adaptación más en unas horas.

Esta fuga se produce, precisamente, en medio de la polémica entre administraciones sobre el alojamiento de los inmigrantes llegados en patera. La Dirección General de Salud Pública de la Comunidad Autónoma ha situado a la Delegación del Gobierno en la Región en una posición delicadísima al atribuirle, de manera unilateral y sin previo aviso, la obligación de alojar y controlar a aquellos inmigrantes irregulares llegados en pateras y que necesitan guardar cuarentena por haber estado en contacto con otros infectados por coronavirus.

La orden, dictada este lunes por la Consejería de Salud en virtud de sus atribuciones para garantizar la salud pública frente a la pandemia, provocó que el martes, durante largas horas, los responsables de la Delegación, encabezada por el socialista José Vélez, no supieran qué solución darle al problema del alojamiento de decenas de ciudadanos argelinos. Con la circunstancia agravante de que para muchas de esas personas, provisionalmente instaladas en tiendas de campaña en el puerto de Escombreras, expiraba de manera inminente el plazo límite de 72 horas que pueden permanecer bajo custodia policial.

Hasta que Salud Pública dictó esa resolución de manera sorpresiva, la Delegación consideraba que su responsabilidad sobre los inmigrantes irregulares llegados en pateras abarcaba solo esas primeras 72 horas. Y que, a partir de ese momento, era la Comunidad Autónoma la que, en función de sus competencias sanitarias y de servicios sociales, debía encargarse del alojamiento y control de quienes debían pasar una cuarentena. Respecto de los argelinos que daban positivo en los test PCR no existía discrepancia alguna, ya que estos son directamente ingresados en hospitales y se les obliga a permanecer en esas instalaciones hasta recibir el alta.

De esta forma, tras la oleada de pateras registrada el pasado fin de semana, que dejó 454 inmigrantes sin papeles en las costas de la Región, todo apuntaba a que sería la Administración regional la que tendría que encargarse de buscar instalaciones públicas en las que mantener confinados a quienes habían estado en contacto con los ya 34 infectados por Covid-19. Se estimó que al menos la mitad de los ocupantes de esas embarcaciones se encontraban en tal situación.

Pero el escenario cambió radicalmente con la resolución ejecutiva del director general de Salud Pública, José Carlos Vicente, que dejaba la patata caliente en manos del delegado del Gobierno, el socialista Vélez. Y aunque la Abogacía del Estado se precipitó a presentar un recurso contencioso para tratar de eludir esa imposición, argumentando que las competencias en materia de sanidad pertenecen en exclusiva a la Comunidad, el juez dejó ayer el fondo de la cuestión sobre la mesa. Pese a ello, rechazó suspender cautelarmente la orden de Salud Pública y, de esta forma, dejó vigente de manera provisional la obligación a la Administración estatal de hacerse cargo de esos inmigrantes. Al respecto de la polémica, el titular del Juzgado de lo Contencioso número 4 de Murcia, Lucas Osvaldo Giserman, afirmó que sería «desproporcionado» pronunciarse de forma tan precipitada sobre un asunto especialmente complejo, y más todavía sin dar a la Consejería de Salud la posibilidad de exponer sus argumentos.

La resolución de la Administración autonómica no deja salida alguna a la Delegación del Gobierno en la Región, pues le impone la obligación de garantizar que esos más de 200 inmigrantes cumplen un confinamiento de catorce días, «recabando el auxilio de la fuerza pública si fuera necesario». Y, además, se le advierte de que si no dispone de alojamientos en la Región, «podrá gestionar uno adecuado en cualquier lugar de España, trasladando al mismo a las personas inmigrantes irregulares con las medidas preventivas procedentes y en las condiciones de seguridad sanitaria adecuadas». Lo cual supone decir a la Delegación que si no tiene dónde instalar a esas personas en Murcia, que se las ingenie como pueda.

En estas circunstancias, el martes tarde se vivieron en la Delegación del Gobierno momentos de fuerte tensión, ante la necesidad de hallar alojamiento para esas personas en un plazo muy exiguo de tiempo, ya que las 72 horas de control preventivo estaban expirando. Y la opción de que decenas de ciudadanos argelinos pudieran quedar en la calle, pese al elevado riesgo de que alguno de ellos estuviera contagiado por Covid, resultaba inasumible a todas luces.

A última hora de la tarde, la Delegación del Gobierno emitió un comunicado en el que insistía en que es la Comunidad Autónoma la que debe acoger a los inmigrantes obligados a guardar cuarentena. Sin embargo, acababa admitiendo que, «no habiendo facilitado aún el alojamiento al que deben de ser trasladados, los 259 migrantes que se encuentran en esta situación permanecerán en unas nuevas instalaciones habilitadas por Cruz Roja de España en el puerto de Escombreras».

Estas «nuevas instalaciones», según fuentes fidedignas consultadas por LA VERDAD, son unas carpas de mayores dimensiones y con aire acondicionado.

Así, la situación sigue siendo crítica, pues la Autoridad Portuaria ha instado a que las dependencias del Puerto queden totalmente desalojadas y limpias antes del sábado 1 de agosto.