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la verdad y EP
Lunes, 31 de mayo 2021, 11:49
El Defensor del Paciente solicitó al Fiscal Superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, investigar si el Gobierno regional envía a mujeres embarazadas que desean abortar a otras comunidades autónomas, como Madrid. Esta petición viene tras la entrevista que el programa Salvados, de La Sexta, hizo al doctor Juan Luis Delgado, jefe del departamento de Medicina Materno Fetal del Hospital Virgen de la Arrixaca, y a Claudia, una joven médica que indicó que se tuvo que marchar a una clínica privada de la capital de España porque no le intervinieron el embarazo en un hospital público del Servicio Murciano de Salud.
Este organismo señala, en caso de que así sea, que se trata de una «violación de un derecho aprobado por la cortes generales del Estado, como es el derecho al aborto, sin trabas ni excusas para cumplirla». «El Gobierno de la Región de Murcia se salta la ley haciendo un giro de ella. El aborto es un derecho, no un capricho, y se trata de la elección de la mujer y no de un Gobierno retrógrado», añaden desde el Defenso del Paciente.
La diputada regional socialista Lara Hernández denunció públicamente que el Gobierno del Partido Popular «abandona a su suerte a las mujeres que necesitan interrumpir su embarazo por criterios médicos», según informaron fuentes del PSOE en un comunicado. «Desde hace semanas, el Grupo Parlamentario Socialista viene denunciando la dura situación a la que se enfrentan las mujeres que tienen que interrumpir su embarazo por criterios médicos que pone de manifiesto la absoluta dejadez e insensibilidad del Gobierno del Partido Popular con las mujeres que sufren esta difícil situación», aseveró.
Hernández exigió a la Consejería de Salud que explique «por qué no se llevan a cabo estas interrupciones del embarazo en la Región de Murcia», y aclare «el número de mujeres a las que han negado este derecho». «Hace casi once años que se aprobó la ley del aborto en España y en la Región de Murcia seguimos igual que antes de dicha ley por culpa de la inacción de los gobiernos del PP que han privado de sus derechos a las mujeres que requieren interrumpir su embarazo por razones médicas», concluyó.
La diputada socialista anunció que va a solicitar la comparecencia urgente del consejero de Salud en la Asamblea Regional para que explique «el motivo por el cual el Gobierno del Partido Popular impide a las mujeres, que requieren interrumpir su embarazo por criterios médicos, el acceso a sus derechos». «Quisiera saber en dónde se ha quedado la libertad de la que tanto se pavonea López Miras ahora que, como viene denunciando el PSOE desde hace semanas, se ha puesto en evidencia el trato vejatorio que sufren las mujeres que tienen que interrumpir su embarazo por criterios médicos», ha finalizado.
La portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, aseguró que esta situación «demuestra la realidad de cientos de mujeres de la Región». Las mujeres «se ven obligadas a abortar a cientos de kilómetros de su hogar, solas y sin ningún tipo de asistencia psicológica, incluso en los casos de graves malformaciones del feto o en los que corre un grave riesgo la salud de la gestante», constituye «maltrato institucional contra las mujeres» y es un claro ejemplo de «machismo dentro de las propias instituciones». Marín denunció que «los gobiernos del PP han convertido una vez más a la Región de Murcia en un territorio pirata que vive al margen de la ley».
Desde la formación morada registraron una moción urgente «para exigir que se respeten de una vez los derechos de todos y todas» y recordaron que ya en 2018 llevaron a la Cámara una iniciativa en este sentido, «que fue rechazada con los votos de Partido Popular y Ciudadanos». Marín también insistió en la necesidad de que se elabore un registro de los facultativos del sistema de salud que se declaran objetores de conciencia, «algo que recoge la ley orgánica, pero que no se lleva a cabo en la Región». La diputada denunció que en la Región de Murcia se «coloca a médicos con una orientación muy definida en posiciones clave» y aseguró que «no puede hablarse de objeción de conciencia, sino de fanatismo puro y duro, un fanatismo amparado por el gobierno de López Miras».
Por su parte, el diputado de Unidas Podemos Javier Sánchez Serna, registró este lunes en el Congreso una batería de preguntas para conocer las medidas que va a tomar el Gobierno de España para garantizar que la Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, también se cumpla en la Región de Murcia.
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