El expresidente de la CAM asume «con todas sus consecuencias» la acusación por el cobro de dietas

El expresidente de la CAM Modesto Crespo asumió este lunes la totalidad del escrito de acusación del Ministerio Fiscal por el que se declara culpable de los delitos de apropiación indebida agravada y administración desleal por el cobro de dietas de 600.000 euros en dos cuotas.

En la segunda sesión de juicio, que se celebra en la Audiencia Provincial de Alicante, a preguntas del fiscal afirmó: «Estoy de acuerdo con el escrito de la Fiscalía con todas sus consecuencias», y desestimó contestar a más preguntas.

Crespo formalizó así en la sesión el acuerdo alcanzado con la Fiscalía y la acusación particular, por el que reconoce los hechos y logra una rebaja de la pena que se le pide de cuatro años de prisión a uno.

En la vista se juzga a 20 miembros del Consejo de Administración de la entidad alicantina, acusados de aprobar el cobro de dietas entre los que encuentran el exdirector Roberto López Abad y el exvicepresidente Antonio Gil-Terrón.

El acuerdo de la Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular, representada por Diego de Ramón en nombre de 800 afectados por las cuotas participativas y preferentes de la CAM, implica para Modesto Crespo la reducción de la pena de prisión de cuatro años a uno y la devolución de los 600.000 euros que recibió en dietas a lo largo de varios plazos, el primero de ellos ya fue abonado.

En este proceso se juzga si el director general de la entidad ideó un plan para burlar el artículo 9 de los Estatutos de la CAM, que se establecía el carácter honorífico y gratuito de la Presidencia, lo que impedía al presidente cobrar dietas extraordinarias.

Para saltarse la prohibición, según la Fiscalía, López Abad propuso el 26 de noviembre de 2009 a la Comisión de Retribuciones de la CAM que se nombrara a Crespo presidente del Consejo de Administración de la sociedad Tinser Cartera S.L, una tenedora de inversiones participada al 100% por la caja, cargo por el que iba a percibir 300.000 euros anuales. La propuesta fue aprobada por el Consejo de Administración de la CAM, el 27 de noviembre de 2009.

El exdirector de la entidad, Roberto López Abad, que mantiene su inocencia, afirmó a preguntas del ministerio fiscal que al Consejo de Administración de la CAM del 27 de noviembre se le trasladó una propuesta de la Comisión de Retribuciones y que esta incluía una contraprestación de 300.000 euros.

Para el exdirector, que reconoció que las actas no siempre reflejan la totalidad de lo que se aborda, se trató de un Consejo muy denso, ya que en él se abordaron, entre otras cuestiones, las futuras fusiones que se estaban planteando en el seno de la entidad.

López Abad defendió que el objetivo era el relanzamiento de Tinser Cartera S.L., y que, ante la propuesta de Modesto Crespo de ocupar la Presidencia, «se consideró que potenciaría la Tenedora de Inversiones por su experiencia previa con las medianas y pequeñas empresas», explicó.

A Modesto Crespo se le contrató para trabajar, y, en este caso, «pasó a haber una gran vinculación y un enorme compromiso. Eso es lo que justifica las dietas», aunque admitió que era la primera vez que se planteaba que un presidente de la CAM cobrara unas dietas.

El fiscal anticorrupción le cuestionó por el artículo 9 de la CAM, así como por la pertinencia de que fuera la asamblea general quien tendría que aprobar la cuantía de las dietas.

López Abad aprovechó la ocasión para destacar la inoperancia de las dietas en estos momentos, a lo que añadió que «nunca en las cajas entendimos que las cuestiones de las dietas afectasen a los consejeros fuera de los órganos de gobierno y, en este caso, Tinser es una empresa participada que no forma parte de estos órganos».

Además, añadió que la decisión se basó en las recomendaciones de dos consultoras externas que concluyeron que «los consejeros estaban fuera del mercado, que sus retribuciones no eran acorde a su responsabilidad», por lo que recomendó «la corrección en donde lo permitan los Estatutos de la CAM».

Asimismo, reconoció que de todo eso se dio cuenta a la Asamblea General en los informes anuales del gobierno corporativo de la caja alicantina. El ministerio público acusa a Roberto López Abad de inductor y cooperador necesario y le pide cuatro años de prisión, lo mismo que solicita la acusación particular, y una multa de 400 euros diarios durante 10 meses.