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El Palacio de Justicia de Murcia, sede de la Audiencia Provincial, en una foto de archivo. Javier Carrión / AGM
Un cura que ejercía en Murcia afronta cinco años de cárcel acusado de posibilitar matrimonios de conveniencia

Un cura que ejercía en Murcia afronta cinco años de cárcel acusado de posibilitar matrimonios de conveniencia

El antiguo párroco de la pedanía de Santo Ángel presuntamente facilitaba notificaciones de bodas canónicas a una red

Alicia Negre

Murcia

Viernes, 15 de octubre 2021, 13:55

El que fuera sacerdote titular de la parroquia Nuestra Señora del Carmen de la pedanía murciana de Santo Ángel deberá sentarse la próxima semana en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial para responder por un presunto delito de falsificación de documentos públicos. La Fiscalía acusa a Fernando N. de colaborar con una red de matrimonios de conveniencia entre españoles y nigerianos expediendo notificaciones de matrimonio canónico para su inscripción en el Registro Civil de Murcia.

El Ministerio Público solicita que se le imponga una pena de cinco años de prisión y varias multas. Además, reclama la anulación de esos matrimonios y que, en caso de condena, se avise al Ministerio de Interior para que se revisen los permisos administrativos de residencia concedidos a los contrayentes extranjeros.

Concretamente, según sostiene el Ministerio Público en su escrito de conclusiones provisionales, el procesado presuntamente llegó a facilitar la documentación para una quincena de estos matrimonios entre inicios de 2001 y septiembre de 2012. El fiscal señala, sin embargo, que se comprobó la existencia de otras notificaciones de matrimonio canónico, pero sus participantes no pudieron ser localizados.

Entre 300 y 7.000 euros

Según explica el Ministerio Público, Fernando N. supuestamente colaboraba con una red en la que el argelino Osaratin I. y el sierraleonés Godfrey E. actuaban como intermediarios con individuos de origen nigeriano. La organización ponía en contacto a estos con hombres y mujeres españoles, residentes en Murcia y Alicante, que les facilitaban su documentación siendo supuestamente conocedores de su finalidad. Estas personas recibían cantidades que oscilaban entre los 300 y los 7.000 euros.

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