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Murcia
Domingo, 20 de noviembre 2022, 10:32
Las cuatro asociaciones judiciales de la Región de Murcia expresaron este domingo en un comunicado conjunto su «más firme repulsa» a las críticas de la diputada autonómica de Podemos María Marín, que el pasado viernes arremetió contra el presidente del TSJ, Miguel Pasqual del Riquelme, por la aplicación de la ley del 'solo sí es sí'. Asociación Profesional de la Magistratura, Juezas y jueces para la Democracia, Asociación Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente sostuvieron que se trata de «un episodio más de descalificación indiscriminada» a los magistrados.
La candidata a la presidencia de la Comunidad insinuó que Pasqual del Riquelme no aplica correctamente la ley del 'solo sí es sí' por su «poca simpatía» hacia la causa feminista y porque la formación morada denunció a una residencia que dirigía su hermano. En su comunicado, las asociaciones afirmaron que estas «descalificaciones profesionales y personales» son «una reacción insólita a la decisión jurisdiccional adoptada por la Sala Civil y Penal del TSJMU, que dicho magistrado preside, en aplicación de una norma aprobada por las Cortes Generales».
Es el órgano que dictó el pasado 9 de noviembre la sentencia que modificaba la pena impuesta al acusado de intentar violar a una mujer en El Malecón, «dado que la nueva ley resulta más favorable para el reo». «Frente a dichas actitudes seguirán encontrando siempre el compromiso de todos los jueces y juezas de esta Región en la aplicación de la legalidad, con plena imparcialidad, cumpliendo nuestra función constitucional dentro del Estado de Derecho», concluye el comunicado de las asociaciones judiciales.
También se sumaron al comunicado los jueces decanos de los once partidos judiciales de la Región y expresaron «su más firme rechazo frente a las recientes descalificaciones personales, ajenas al debate productivo». En su opinión, suponen «una merma al diálogo constructivo, al respeto y a la armonía institucional, que como principios básicos, deben presidir la común defensa del Estado Democrático y de Derecho de la que todas las instituciones, son garantes en aras al bien común y la convivencia pacífica de la ciudadanía».
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