El TSJ critica que los bancos «lastren» sin justificación el juzgado de cláusulas suelo

El acto de apertura del nuevo año judicial se convirtió ayer, como ya viene siendo tradicional de un tiempo a esta parte, en una jornada de balance, de proclamas y reivindicaciones. El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Miguel Pasqual del Riquelme, aprovechó este viernes la ocasión para lanzar un mensaje alto y claro dirigido las entidades financieras. Aludió a las elevadas cifras de litigiosidad que, a día de hoy, lastran el único juzgado de la Región especializado en cláusulas suelo -hasta abril fue el Juzgado de Primera Instancia número 11 de Murcia y, a partir de esa fecha, asumió la tarea el recién creado número 16-. Desde su puesta en marcha en junio del pasado año, ha ingresado más de 6.500 asuntos, cuadruplicando las previsiones iniciales.

Pasqual del Riquelme recordó, en este punto, que el juzgado está dando la razón a los clientes de los bancos en el 98,6% de los casos y remarcó que este dato «debería llevar a algunas entidades bancarias más frecuentemente demandadas a revisar su estrategia». Una persistencia en seguir litigando, advirtió, «haría dudar de la responsabilidad social y la lealtad del sistema de unas entidades bancarias que, después de haberse beneficiado de enormes ayudas públicas para superar su crisis financiera, se resistieran a negociar extrajudicialmente con sus clientes en los casos y criterios ya fijados por los tribunales». Una postura, recalcó, que daría como resultado «seguir lastrando injustificadamente el sistema de justicia con una litigiosidad impostada y fácilmente evitable, que consume enormes recursos públicos».

El presidente del TSJ explicó que, debido a la carencia de medios, hubo que esperar al segundo semestre de este año para incrementar de dos a cinco los jueces que afrontan la avalancha de asuntos en este órgano. Una medida que, aseguró, espera que dé pronto sus frutos, abriendo la puerta a triplicar el ritmo de resolución de asuntos y permitiendo dar salida a más de 4.000 casos al año.

El salón de actos de la Ciudad de la Justicia de Murcia acogió este viernes un acto de apertura del año judicial menos multitudinario de lo habitual, pero en el que no faltó la denuncia por la lentitud del sistema y la exigencia de mayores medios humanos y materiales. Una batalla en la que el TSJ y la Fiscalía cabalgan juntos desde hace años.

«No es de recibo que, para una simple medida de custodia de menores, o la reclamación de una invalidez laboral se tenga que esperar más de un año», remarcó el fiscal superior, José Luis Díaz Manzanera. «Todos los profesionales del mundo de la Justicia coincidimos en ver impresentables e inasumibles los plazos en los que nos estamos moviendo para la finalización de procesos judiciales de cierta complejidad».

En este punto, Díaz Manzanera advirtió de que la atenuante de dilaciones indebidas -que se aplica a los procesados en la vía penal cuando un proceso se alarga en el tiempo- no puede convertirse en norma general. «Es el síntoma más claro de que la justicia no funciona con celeridad, llegando a condenas irrisorias y desencantadoras».

El fiscal superior hizo hincapié en que «existe una necesidad imperiosa de aumento de medios personales y materiales». En este sentido, explicó que Murcia es la región con mayor ratio de habitantes por fiscal -hasta 24.091 por cada miembro- y recordó que la Comunidad precisa de 15 fiscales más para equipararse a la media nacional.

Con esta plantilla, recalcó Díaz Manzanera, el cumplimiento de los plazos para la instrucción que se fijaron en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) resulta muy difícil. «Si hay plazos para investigar, hay que dar desde el principio los medios adecuados», remarcó contundente. «En caso contrario, debería procederse a la derogación o suspensión del artículo».

Pasqual del Riquelme también incidió, a lo largo de su discurso y como viene haciendo desde que asumió el cargo, en la endémica falta de medios de la Justicia murciana. «A quienes trabajamos en la Administración de Justicia se nos han acabado las reservas de culpa, porque un año más sigue siendo cierto que la Justicia murciana tiene más trabajo, menos unidades judiciales, menos jueces y mayor productividad que en la mayor parte de España».

El presidente del TSJ puso en valor que este año, por primera vez desde 2010, la Región ha recibido la buena noticia de la creación de tres nuevos juzgados. De cara a 2019, avanzó, la Justicia murciana ha reclamado la creación de cinco nuevas unidades que resultan prioritarias: dos juzgados civiles en Murcia, uno en Cartagena, otro mixto en Molina de Segura y un juzgado mercantil regional. Incidió, además, en la necesidad de dotar a las secciones penales de la Audiencia Provincial de magistrados adicionales.

Pasqual del Riquelme aludió, además, al desarrollo de la Oficina Judicial y a la implantación del expediente judicial electrónico. Un avance, reconoció, que, aunque necesario, se ha convertido «en un foco de conflictos y tensiones por errores de diseño y nula gestión del cambio por parte del anterior equipo ministerial». Las oficinas judiciales, subrayó, «han sido destinatarias de instrucciones y órdenes contradictorias, emanadas unas de la judicatura y otras del Ministerio». En este sentido, el presidente del TSJ abogó por aprender de las lecciones y por «recomponer, entre todos, las fisuras producidas».