José Ugaz: «La corrupción en España es cosa de las élites políticas y económicas»

José Ugaz (Lima, Perú, 1959) es abogado y experto internacional en la lucha contra la corrupción. Ha sido durante los tres últimos años presidente de la ONG Transparencia Internacional, de cuya directiva aún es miembro, y se encuentra desde ayer en Murcia para participar en unas jornadas sobre transparencia organizadas por la Universidad de Murcia, el Círculo de Economía y el Consejo de la Transparencia.

-¿Es posible la democracia sin transparencia?

-No, la transparencia es un elemento esencial de cualquier gobierno que pretenda ser democrático. En el índice de percepción de corrupción, que Transparencia Internacional realiza todos los años, hay una correlación entre los países más desarrollados en términos de transparencia y acceso a la información y los que tienen menor percepción de corrupción. Por el contrario, los países del fondo de la tabla normalmente son regímenes autoritarios, donde hay un monopolio del poder y escaso acceso a la información pública.

-La corrupción política e institucional, ¿se cura solo con transparencia o hace falta algo más?

-El problema de la corrupción en la política es muy complejo porque tiene que ver con la financiación de la clase política. Se sabe claramente que existen candidatos y partidos en Perú, Colombia, México, Bolivia... subvencionados con fondos que provienen del crimen organizado. Desde Pablo Escobar, en la Colombia de los años 80, quedó claro que una opción para el crimen organizado es tratar de introducirse en la política. No basta que un partido sea transparente en su ideario, debe tener democracia interna, que se sepa de dónde vienen los fondos que lo sufragan y que se cubran los estándares globales en materia de política. Parte de la crisis de representación que vivimos a nivel global está en la debilidad de los partidos y la escasez de liderazgo que ha llevado a muchos países a tener una clase política deleznable.

-En España llevamos años sufriendo la corrupción. ¿Qué posición ocuparíamos en el contexto internacional en materia de corrupción?

-España, desde mi punto de vista, es singular porque es un país que pasa de escándalo a escándalo permanentemente, pero, a diferencia de otros que padecen corrupción sistémica, en España todo indica que es una corrupción de las élites políticas o económicas que no ha permeado en el ciudadano medio. Es difícil pensar que un ciudadano español de a pie saque del bolsillo 20 euros para sobornar a un policía y que no le ponga una multa o que un ciudadano ponga 100 euros en un expediente para que un funcionario le dé la licencia, cosa que cotidianamente ocurre en otros lugares del mundo. El reto de España para erradicar la corrupción es menor porque no se ha normalizado el fenómeno a nivel social. En cambio, en muchos otros países no solo tienen el problema en las élites sino que, además, los ciudadanos lo asumieron como normal y hay una suerte de complicidad o resignación.

-A veces los gobiernos emplean la transparencia y el buen gobierno como meras prácticas de imagen.

-El discurso de anticorrupción se presta a la demagogia y el populismo. Según nuestros estudios, más de dos terceras partes del planeta sufren severos problemas de gran corrupción. En muchos de esos países, la corrupción ha desplazado a la seguridad e incluso a la pobreza en las preocupaciones de la sociedad, y no hay candidato que no incluya en su programa la lucha contra la corrupción, aunque cuando llega al poder empieza a robar. Otras veces se utiliza el discurso anticorrupción para atacar a opositores con acusaciones falsas.

-¿Cómo impedir eso? Porque es difícil esperar que los propios gobiernos habiliten órganos de control independientes.

-Donde hay fortaleza institucional este tipo de candidatos tienen limitaciones, pero donde no hay instituciones fuertes e independientes la situación es compleja si además no hay un sistema fiscal y judicial eficaz, por lo que se deben buscar soluciones fuera. La sociedad civil tiene un papel que jugar. El 'caso Lava Jato' es un ejemplo. Tiene su origen en Brasil, pero afecta a doce países de América Latina y a dos de África. Ha habido movilizaciones masivas en Brasil, Honduras, Guatemala, República Dominicana..., pidiendo que se investigue y se persiga. En otros casos, la presión internacional también funciona.

-¿La lucha contra la corrupción preocupa igual en las democracias maduras que en las más jóvenes?

-En países con menos niveles de desarrollo, la agenda política ha estado más centrada en la lucha contra la pobreza y luego en la seguridad interna, pero ahora hay consenso en que eso no se puede conseguir si no se frena la corrupción masiva. Naciones Unidas planteó los objetivos de desarrollo sostenible para la próxima década, y el dieciséis habla de la lucha contra la corrupción.

-La lucha contra la corrupción se ha centrado en las administraciones públicas, pero no tanto en el sector privado, en las empresas, un frente también importante.

-Sin duda alguna. En esta materia suele haber un corrompido y un corruptor. Y el corruptor normalmente es un agente privado. En el 'caso Lava Jato', el rol que ha jugado la empresa privada es fundamental. Hablamos de las empresas constructoras más grandes de Brasil. El día que el sector privado entienda que es más rentable hacer negocios limpios, esto empezará a cambiar. Una de las grandes lecciones del 'caso Lava Jato' es que el coste de la corrupción para la empresa es muchísimo más alto que el que hubiera pagado por jugar limpio. Empresas gigantes implicadas en este caso ahora están al borde de la quiebra. El coste reputacional y el riesgo de salir del mercado por incurrir en una práctica corrupta es altísimo.

-¿Es usted optimista?

-Sí. Mi optimismo se basa en que ha habido casos históricos en que la corrupción fue derrotada y que hay algunas islas de integridad en cada país, instituciones que funcionan bien. En general, hoy en día la lucha contra la corrupción pasa por la necesidad de un concierto mundial que rompa la impunidad y, por otro lado, aplicar mecanismos de prevención cada vez más sofisticados. Un elemento más que me hace ser optimista es que la ciudadanía está reaccionando. En Corea del Sur, más de un millón y medio de personas acabaron con un gobierno corrupto; en Rumanía, cuando el Congreso trató de legalizar los sobornos de hasta 10.000 euros, tuvo que dar un paso atrás porque más de un millón de personas salieron a la calle; en Brasil, tres millones de personas protestaron contra el 'caso Lava Jato' y en apoyo de la Fiscalía... Hay una reacción ciudadana sana que te da razones para ser optimista.