Las cooperativas podrán echar mano del dinero para formación ante sus problemas de liquidez

Las medidas de desescalada y para paliar los efectos de la crisis sanitaria y económica generada por el coronavirus siguen ocupando buena parte de la agenda del Consejo de Gobierno. En esta línea, el Ejecutivo regional aprobó ayer el decreto ley que amplía la ley regional de Sociedades Cooperativas de la Región de Murcia y que permitirá incrementar la liquidez de las empresas de economía social. Esta entidades podrán así echar mano de forma extraordinaria y temporal –durante lo que resta de año– del Fondo de Formación y Promoción como recurso financiero. No obstante, estas cantidades deberán ser restituidas con al menos el 30% de los resultados de libre disposición que se generen cada año y en un máximo de una década. Esta medida ya venía comprendida en el Real Decreto 15/2020 del Gobierno central, pero precisaba de esta modificación legislativa para su aplicación en la Región.

Además, el Consejo de Gobierno ratificó el acuerdo cerrado hace una semana con la Mesa Sectorial de la Administración Servicios que permitirá extender el teletrabajo para los funcionarios de la Comunidad hasta el próximo 15 de septiembre. El objetivo es el de «facilitar la conciliación de los empleados públicos y proteger a los colectivos vulnerables», mientras se mantienen las circunstancias derivadas de la pandemia, puntualizó el consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán.

Por otra parte, y ante la «caída muy dura e importante» que se prevé para la economía regional y nacional, Celdrán adelantó que el Ejecutivo autonómico presentará en «próximos días» la Estrategia Regional de Reactivación Económica y Social Reactiva 2020, en la que se incluyen medidas para crear empleo y recuperar la situación de bienestar previa a la crisis. Incluye, asimismo, una apuesta por la reducción de la presión fiscal y la estimulación del consumo, y recoge aportaciones de más de un centenar de organizaciones públicas y privadas. La puesta en marcha de estas medidas se extenderá hasta diciembre de 2021, y su implementación, que se llevará a cabo tras un «intenso trabajo» de las diferentes consejerías, será «dinámica» y se adaptará a la evolución de la economía de la Región, incidió el responsable de Hacienda.

Por otra parte, Celdrán calificó el Ingreso Mínimo Vital (IMV), aprobado ayer en el Congreso, de «instrumento útil y necesario», pero criticó que no haya sido consensuado con aquellos que se encuentran en «la primera línea de apoyo: ayuntamientos y comunidades autónomas», que aplican desde hace años la Renta Básica de Inserción y a la que ahora «se le da una patada». También censuró que «no incluya ningún incentivo para la búsqueda de empleo», ya que el subsidio por sí mismo no ayudará a las familias a salir de la situación de pobreza.

Por otra parte, el Ejecutivo autonómico ha presentado el Plan Anual de Cooperación Internacional para el Desarrollo 2020, con un montante de 475.000 euros. El programa, que presenta este año una especial atención a la crisis de la Covid-19, incluye un incremento de la acción humanitaria y de la ayuda a emergencias, a la que se destinan 130.000 euros, con un crecimiento del 50% respecto a la cantidad ejecutada en el plan de 2019.