El convenio de la conserva se estanca y los sindicatos empiezan las movilizaciones

Su principal exigencia pasa por una subida de las nóminas de los trabajadores ligadas al Índice de Precios de Consumo (IPC) en los próximos tres años, al menos hasta 2025, aunque la fecha exacta no está cerrada, explica Raúl Rubio, delegado de CC OO en el Comité de Juver, quien asegura que ya perdieron 1.000 euros de poder adquisitivo en la modificación que se firmó para 2020 y 2021. En concreto, las fuerzas sindicales piden un aumento de un 5,7% en 2022 y para el resto de años unos incrementos aproximados a la previsión de la inflación, incluyendo una cláusula de garantía de mantenimiento del poder de compra.

Tras varias reuniones infructuosas desde marzo del pasado año, Rubio acusa a la patronal de dilatar el tiempo con ofertas «irrisorias». «Para desbloquear la negociación, presentamos en febrero una propuesta de mínimos a la vista del poco avance de las discusiones», prosigue el sindicalista, que recalca que se trata del único convenio estatal de 2022 en el que no se ha podido alcanzar un acuerdo. Según las fuerzas sindicales, la actual propuesta supondría una pérdida de poder adquisitivo de 8,5% acumulados respecto de los diferenciales con el IPC, lo que se traduciría en una pérdida de más de 2.200 euros al año, puesto que los sueldos rozan el salario mínimo.

Por su parte, Agrupal incide en que la mesa de negociación sigue abierta y que quieren que se selle un convenio que compense la pérdida salarial lo máximo posible. «Corresponde que nos volvamos a sentar y que logremos un acuerdo sobre todo en el ámbito salarial», señala César Nicolás, secretario general de la Agrupación de Empresas de la Alimentación, aunque que reconoce la dificultad de las negociaciones por tratarse a nivel nacional. Nicolás destaca que resulta complicado tomar la previsión del IPC como cálculo, ya que no sería real. Los sindicatos planean una huelga a nivel nacional en torno a mayo, junio o julio.