El Constitucional avala la polémica 'ley Celaá', contra la que batalló el Gobierno regional

El 25 de marzo del 2021, Vox presentó un recurso ante el Constitucional contra lo que denominaban «la parte más sectaria de la ley» (enseñanza concertada, educación religiosa, educación diferenciada, centros de educación especial). También fue «contra el carácter excluyente del castellano como lengua vehicular». En concreto, el partido de Santiago Abascal consideraba que la ley educativa «conculca derechos y libertades protegidos por la Constitución» y «revierte competencias del Estado en materia de educación». Y criticaba que se discriminara a los colegios que segregan por sexo.

La norma generó también numerosos desencuentros con las comunidades gobernadas por el PP. En el caso de la Región de Murcia, la Consejería de Educación intentó anular el impacto de algunas de las reformas de la Lomloe a través de los desarrollos normativos regionales, que limitaron el efecto en cuestiones como la admisión de alumnos, los currículos y las normas de repetición y promoción de curso. Estas maniobras legales le valieron a la Consejería varios requerimientos del Consejo Jurídico de la Región, tras los que Educación ajustó el desarrollo local de la norma para minimizar su impacto.

Entre los 50 diputados de Vox que firmaron el recurso estaban el secretario general del partido, Javier Ortega-Smith, y la entonces secretaria general del grupo parlamentario, Macarena Olona, que después abandonó la formación. «Hoy es el principio del final de una ley sectaria y excluyente», dijo entonces Olona.

La 'ley Celaá', aprobada en diciembre de 2020, busca convertir a la escuela pública en el centro del sistema en detrimento de la concertada. La octava ley educativa de la democracia elimina la «demanda social» de la Lomce, que permitía a la concertada aumentar plazas y centros si así lo pedían los padres. Tampoco permite la cesión de terrenos públicos para colegios privados, controla la exigencia de cuotas obligatorias para los padres en los concertados, acaba con el distrito único en el proceso de admisión para primar la cercanía, la renta y la presencia de hermanos, se marca como objetivo evitar la segregación en el reparto de alumnos con necesidades de apoyo educativo y prohíbe el concierto con centros que separan por sexo.

La decisión de este jueves es la segunda de calado que toma el Constitucional en apenas dos días, tras rechazar el miércoles otro recurso de Vox, en esa ocasión contra la ley que regula la eutanasia.