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La exalcaldesa de Cartagena y actual senadora del PP, Pilar Barreiro, va a tener de frente a las acusaciones particulares del 'caso Púnica', que ejercitan el Ayuntamiento de la ciudad y la Asociación de Abogados Demócratas de España (Adade) y que parece que van a agotar todas las posibilidades legales para tratar de evitar que esas diligencias sean sobreseídas. Por el momento, el Ayuntamiento de Cartagena ya ha remitido un escrito a la magistrada del Tribunal Supremo que instruye este procedimiento, Ana María Ferrer, para avanzarle que «no procede el archivo». Y seguidamente ha reclamado que se le remita una copia de las declaraciones prestadas recientemente por quien fue presidente del PP en Cartagena, Francisco Celdrán, quien aseguró como testigo que había autorizado a contratar y pagar con cargo a los fondos del partido unos trabajos de reputación para Pilar Barreiro.
Esta acusación, que no asistió a la prueba testifical de Celdrán, quiere poner de relieve las aparentes contradicciones del exdirigente popular, ya que en abril de 2016 comunicó al juzgado que el PP de Cartagena no había firmado documento ni cerrado acuerdo alguno con las empresas Madiva y Eico, pertenecientes a presuntos miembros de la 'trama Púnica'.
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