El Consejo de la Transparencia pierde su pulso con la Consejería y no podrá tener registro propio

El Consejo Jurídico considera que el Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia (CTRM) carece de potestad para crear un registro propio de documentos que no esté integrado en el Registro General de la Administración Pública. De esta forma, el organismo que preside Julián Pérez-Templado pierde el pulso contra el Gobierno regional y, concretamente, con la Consejería de Transparencia, Seguridad y Emergencias, para tratar de tener mayor independencia en su funcionamiento a través de un registro propio. Como se sabe, las competencias de la Consejería han sido redistribuidas en otros departamentos debido a la enfermedad de su anterior titular, Antonio Sánchez Lorente.

En su dictamen, el Consejo Jurídico considera que la resolución de 14 de diciembre de 2021 que firmó Pérez-Templado para crear la Sede Electrónica del CTRM, así como la dirección electrónica disponible para los ciudadanos, «contraviene el ordenamiento jurídico en la medida en que constituye una disposición administrativa de carácter general que ha sido dictada por quien carece de potestad para ello».

Los miembros del Consejo Jurídico de la Región, que preside Antonio Gómez-Fayrén, dan así respuesta a la consulta que realizó la Consejería de Transparencia, disconforme con la resolución de diciembre y que se publicó en el BORM. En concreto, debían pronunciarse sobre la legalidad o ilegalidad de la creación de una sede electrónica y de un registro electrónico.

En su argumentación, el Consejo Jurídico indica que ya existe el Registro Electrónico General de la Administración Pública de la Región de Murcia, el cual se vio reforzado por las exigencias de unicidad y universalidad, por lo que estima que no procede crear un registro electrónico propio y no integrado ni plenamente interconectado e interoperable con el Registro General para un órgano de la Administración Pública de la Región de Murcia.

La pretensión del Consejo de la Transparencia de ganar y consolidar su independencia hace que esté en pugna con el Gobierno regional y una muestra de ello es el conflicto que se mantiene en los últimos meses por el registro propio de documentos y que la Administración regional le viene negando. El Consejo de la Transparencia considera que quien presente una reclamación debe hacerlo en los registros de la Comunidad Autónoma, que suele ser el blanco de la mayor parte de estas quejas. Por este motivo, dictó una resolución en diciembre para crear un registro propio; una decisión que ahora ha revocado el Consejo Jurídico.

Este último hace una velada reprimenda a la Comunidad Autónoma, por el hecho de que el Consejo de la Transparencia publicase su resolución en el Boletín Oficial del la Región de Murcia sin un control previo y sin tener potestad para ello. Esta situación «debe hacer reflexionar a la Comunidad Autónoma acerca de las formas de control jurídico sobre lo que se publica en el BORM», apunta el dictamen.

Sobre la respuesta que debe dar el Gobierno regional al Consejo de la Transparencia, los juristas indican que puede actuar por la vía normativa «para limitar, reconducir o, incluso, privar de efectos la resolución controvertida».

El Consejo de la Transparencia y la Comunidad tienen abierto otro frente, en este caso ante los tribunales, por las discrepancias sobre el procedimiento correcto para contratar a un asesor jurídico del primero.

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