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El presidente del Consejo de la Transparencia de la Región, Julián Pérez-Templado, presentó ayer en el Pleno de la institución un informe en el que volvió a clamar por un registro y sede electrónica propia, para evitar así que los escritos que presentan los ciudadanos reclamando información pública pasen primero por manos del Gobierno regional, que es normalmente el destinatario de estas solicitudes.
Pérez-Templado lleva tiempo quejándose de esta situación, que considera que vulnera la independencia y autonomía del Consejo de la Transparencia. El que fuera magistrado del TSJ llevó ayer al Pleno sus reivindicaciones, aunque finalmente su informe no se sometió a votación. Pero la mayoría de consejeros apoyaron su postura, según informaron asistentes a la reunión, que añaden que la única voz discordante es la de los representantes del Ejecutivo regional. Los consejeros de los grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno, Miriam Guardiola (PP) y Francisco Álvarez (expulsados de Ciudadanos), no se pronunciaron.
Por otra parte, el presidente del Consejo de la Transparencia llevaba una propuesta para que se establezca una gratificación económica por valor de 100 euros a los consejeros por asistencia a los Plenos. Finalmente, la propuesta se quedó encima de la mesa, ya que surgieron algunas dudas jurídicas. Algunos consejeros están dispuestos a renunciar a las mismas en el caso de que se lleguen a aprobar. La cantidad se ha tomado del Consejo Económico y Social (CES). La justificación que da el Consejo de la Transparencia es que «la concurrencia a las sesiones que se convocan hace incurrir a los consejeros en gastos por desplazamientos y otros conceptos».
Asimismo, se aprobó un protocolo de actuación entre el Consejo de la Transparencia y el Colegio de Ciencias Políticas y Sociólogos, así como el apoyo de la entidad a la VII edición del Congreso Internacional de Transparencia y Gobierno Abierto que se celebrará en Cartagena entre el 28 y el 30 de septiembre de 2022.
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